Las pensiones podrían financiarse desarrollando herramientas contra la gran evasión fiscal. Entrevista a José María Mollinedo, secretario general de GESTHA

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, afirma no estar de acuerdo en como se está planteando la reforma de las pensiones. Desde el sindicato, aseguran que existen otras formas de conseguir financiación para sufragar las pensiones. De hecho, desvelan que si la política de lucha contra el gran fraude fiscal fuera similar a la de otros países de la UE-15 se podrían recaudar en España más de 80 millones de euros. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha publicado un informe en el que afirma que el 77% de los pensionistas españoles no llega ni a ser mileurista y uno de cada cinco jubilados está en riego de pobreza. Es un dato preocupante. Ésta es una realidad en nuestro país y los jubilados españoles conocen muy bien esta situación porque la pensión media de jubilación no supera los 900 euros en el conjunto del Estado. El cobro de los jubilados navarros es ligeramente superior al ser la pensión media de 999 euros mensuales. ¿Cree usted que esto se solucionará con alguna de las medidas que contempla la reforma de las pensiones? No. Sería más bien al contrario porque tal y como se han realizado las dos propuestas que han tenido mayor calado social, y también una mayor oposición, van a tener un impacto negativo en la pensión. Concretamente, las propuestas iniciales del Gobierno supondrían entorno al 26% por el computo temporal para el cálculo de la base reguladora considerando toda la vida laboral y también por alargar dos años el periodo de vida laboral. ¿Estamos hablando de la ampliación del periodo de cotización? Sí. Ahí se ve precisamente a lo que nos referimos, ese periodo de cotización va a tener un impacto negativo de un 4% aproximadamente y el cómputo del aumento de la base de la cotización tendría el otro efecto conjunto del 26% menos. Estaríamos hablando que en términos medios para el año 2030 los jubilados percibirán unos doscientos euros menos de pensión media. ¿Todo esto teniendo en cuenta el retraso de la edad de jubilación a los 67 años? Para nosotros, esto no es una buena medida. Es verdad que había que hacer una reforma del sistema de pensiones porque según los datos del Instituto de Estadística la esperanza media de vida de las personas mayores ha aumentado dos años entre el año 1992 y el 2010 y es cierto que sigue aumentando. Pero a nuestro juicio esos dos años de más no implican que se tengan que prolongar la vida laboral, existe una alternativa que puede subsanar ese déficit. Esa es precisamente una de las tesis de su informe, de hecho, ustedes proponen una adaptación de la jubilación real a la edad legal actual que es 65 años. Sin duda, plantear esta idea es fácil, pero ¿llevarla a la práctica? ¿Cómo se conseguiría? Para que se acomode, lo deseable, en nuestra opinión, sería que hubiera incentivos para prolongar la edad de jubilación de manera voluntaria en determinadas profesiones y cuyas personas se sientan capaces de hacerlo. ¿Podría poner un ejemplo? Sí, hay trabajos que son más cómodos que otros y que también están mejor remunerados y es ahí donde podrían estar dispuestos a prolongar su trabajo más allá de la edad de jubilación. Podríamos estar pensando en los investigadores, en los profesores de universidad, asesores… Personas que desarrollan una actividad que no requiere una gran capacidad física sino intelectual y que se sienten capaces de seguir trabajando más allá de los 65 años. Sí, pero en muchos casos la decisión no es del trabajador. Hace poco conocimos en otro estudio que el 20% de las prejubilaciones en España es propuesta de manera forzosa por las propias empresas. Sí, es cierto. Hay empresas que aprovechando periodos de menor actividad han despedido a buena parte de la plantilla para conseguir al cabo de un año o un par de años cuando se reponen a su nivel de actividad tener una plantilla menor y esto en los tiempos que corren no me parece que sea un indicador halagüeño. De hecho, miles de trabajadores son prejubilados mucho antes, con 50 o 52 años y esas personas lastran la edad media de jubilación. Las prácticas de dichas empresas deberían ser vigiladas por la autoridad laboral. ¿Habría que ahondar mucho más en el tema de las prejubilaciones? Desde nuestro punto de vista esto son detalles que habría que abordar para que la edad real de jubilación sea a los 65 años, pero, además, nosotros proponemos otras alternativas que creemos incluso más importantes, como es la lucha contra la evasión fiscal, que es lo que realmente esta ocasionando que el Gobierno lastre sus deudas, ya que 88 millones de euros son evadidos cada año en el conjunto del Estado. Ustedes son técnicos de Hacienda, ¿cómo proponen que se lleve a cabo esta lucha con los grandes fraudes? ¿Qué está pasando para que esta situación sea una realidad, qué está fallando? Y, sobre todo, ¿qué hay que hacer? La Agencia Tributaria del Estado, que es a la que le corresponde recaudar el 88% de la recaudación tributaria del conjunto de las Administraciones Públicas, tiene mucho que decir en este sentido. Actualmente, la agencia se dedica a lo fácil, a explotar las bases de datos de los contribuyentes que declaran y a descubrir pequeñas irregularidades que en algunas ocasiones son fraudes y, en otras, son interpretaciones de la normativa o simplemente, descuidos, olvidos o despistes de las empresas. En este sentido, lo que planteamos es perseguir a los grandes fraudes de nuestro país, en lugar de dedicar el 90% de los efectivos a la persecución de los autónomos y las PYMES. Estamos viendo como periódicamente con ocasión de operaciones internacionales hay personas que pertenecen a consejos de administración de grandes empresas que tienen su dinero en paraísos fiscales y comprobamos que estas personas no son trabajadores de las PYMES, ni autónomos, son personas que tienen tantísimas cantidades de dinero negro que se lo llevan a otros territorios y este es el verdadero problema de la investigación. Correcto, ¿pero, entonces, qué van a hacer para conseguirlo? ¿Qué se plantea desde el GESTHA? Tenemos que ir del pequeño al grande. Para eso, ponemos sobre la mesa cuatro medidas que se están aplicando en los países del resto de Europa con notable éxito en los que la economía sumergida es la mitad que la española, nosotros estamos situados en el 23% del PIB y esa tasa sumergida es el doble de la media de los países de la UE-15, donde: 1.- Se coordinan todas las Administraciones territoriales de cada Estado 2.- Comparten las bases de datos tributarias de contribuyentes 3.- Dejan las manos libres a la lucha contra el fraude a todos sus empleados, sometidos al control de calidad y de legalidad 4.- Se realizan periódicamente Estudios de economía de sumergida Bien, ninguna de estas cuatro medidas se aplican en España. Los técnicos de Hacienda tenemos las manos atadas porque sólo nos autorizan a investigar al pequeño fraude, no se comparten las bases de datos fiscales, no tenemos programas conjuntos de lucha contra el fraude, y peor aún no se reconoce que existe economía sumergida que justifique hacer una estimación oficial. La última de las medidas que detallan en el informe es el modelo mixto de financiación, ¿están, por consiguiente, proponiendo subir los impuestos, porque si hay que coger una partida de los impuestos para financiar las pensiones habría que subirlos o recortar una partida destinada a otro objetivo? Estamos en contra de la subida de impuestos ejecutada por el Gobierno, la primera que realizó con efecto de 2010 que fue la supresión de los 400 euros eso supuso una recaudación de unos 5.400 millones de euros, la subida de la renta de capital fue de 200 millones de euros, que es sensiblemente inferior, y ahora en computo anual con la subida del IVA se pretende recaudar entorno a 5.500 millones de euros. Nosotros estamos en contra de estas cuatro medidas de subidas impositivas porque no son equitativas respecto de una parte de la población, los trabajadores, que está soportando el 70% de la recaudación del IRPF, declarando de media entorno a 6.000 euros más que los autónomos y los empresarios. Y esta situación arranca desde 1992 cuando se crea la Agencia Tributaria del Estado. A principios de los 90, la diferencia era de unos 2.000 euros y ahora la brecha fiscal se ha convertido en 6.000. Opinamos que los 5.400 millones de euros de los costes anuales de gestión de la Seguridad Social es una rémora para el sistema de pensiones porque estamos hablando de un sistema corporativo donde las cuotas sociales pagan las pensiones pero también pagan los costes administrativos de toda la Seguridad Social y, eso, según las cuentas anuales de la seguridad social son 5.400 millones. Defendemos otras propuestas, por ejemplo, de recuperación del patrimonio para las grandes fortunas de mas de un millón de euros de patrimonio neto individual (excluida la vivienda habitual y el valor del negocio que recaudaría unos 1.000 millones de euros); más esfuerzos para reducir la tasa de economía sumergida a la media sumergida de otros países europeos que serían 38.000 millones de euros, que es mucho dinero, desde luego acabaríamos con la situación de déficit público del Estado y podríamos incluso recuperar al senda de reducciones impositivas para fomentar la actividad económica. ¿Supongo que se refiere a los países de la UE-15, cuál de estos países por similitud de condiciones en España y por su éxito nos podría servir de referencia o de guía? Cada país tiene una especialidad propia. De las cuatro medidas anteriores, nosotros nos podíamos guiar por los casos de Francia, Alemania y Reino Unido donde las tasas de economía sumergida son la mitad de la española, así como por el caso de Austria que es de un 8%. La economía sumergida de Grecia en términos relativos es superior a la española, pero en datos absolutos España es la campeona europea en economía sumergida.