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La falta de medios y la pérdida de personal lastran la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria
La falta de medios para perseguir el progresivamente sofisticado gran fraude y la pérdida de efectivos lastran el funcionamiento del organismo en un país que sigue a la cola de los más desarrollados tanto en presión fiscal como en la asignación de efectivos para atajar la economía sumergida.
"Con los medios y las estructuras que tenemos estamos haciendo lo que podemos y obteniendo resultados espectaculares", explica Ransés Pérez Boga, presidente del IHE, la principal organización de los Inspectores de Hacienda del Estado. Coincide con José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de los técnicos de la Agencia Tributaria, que plantea "¿cuántas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) van a ser necesarias para volver a la plantilla de 2010? Lo que necesitamos para perseguir el fraude no es endurecer las sanciones y las penas sino disponer de manos para aplicar la ley".
Los datos de la propia Agencia Tributaria, el organismo encargado de la recaudación de los impuestos, la supervisión de su pago y la persecución del fraude en ese campo, sobre su plantilla muestran, pese a la recuperación de los últimos cinco año, una clara merma de efectivos que lleva camino de agravarse, ya que en los próximos diez años va a alcanzar la edad de jubilación casi la mitad de su plantilla: el 49,3% de sus empleados superaba los 55 años en 2019, según recoge el último Informe Comparativo de la OCDE sobre las ‘Tax Administration’ de su ámbito y el resto de "economías avanzadas".
Esa reducción de plantilla en ciernes, que el Gobierno trata de paliar autorizando una tasa de reposición del 120% que permitiría efectuar hasta seis contrataciones por cada cinco bajas, aunque parece un objetivo difícil de alcanzar dada la formación previa que requiere el personal de la Agencia, se sumaría a la que ya registran las Memorias del propio organismo y los del Ministerio de Política Territorial, que recogen un recorte de algo más del 10% entre 2010 y 2018, periodo en el que cayó de 27.880 a 24.939 (-2.941), y una recuperación de solo el 1,7% (+444).
La merma de personal afectó a la totalidad de las áreas de la agencia, mientras que la recuperación únicamente ha llegado a la de Gestión, en la que al cierre de 2019, último año con datos disponibles, había 150 efectivos más que ocho años antes.
Los recortes siguen siendo del 5,5% en Inspección, del 9% en Recaudación, del 5,9% en Aduanas y del 26,8% en Informática, la sección que desde la creación del organismo en 1991 ha resultado clave para alcanzar los ratios de recaudación y de comprobación dela agencia.
"Perdimos más de 2.000 efectivos a principios de la pasada década con la limitación de la tasa de reposición" por los Gobiernos de Rajoy, apunta Mollinedo, que señala que "el Gobierno es consciente de esa situación".
De hecho, el actual director, Jesús Gascón, admitió en febrero un déficit de plantilla del 20%, mientras que la reciente Ley Antifraude recoge el mandato de dictar "la normativa necesaria! para que "en un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea".
La economía sumergida se dispara por falta de control
El plazo para cumplirlo vence el 9 de enero, que siempre serás unos meses después de que la OCDE haya vuelto a sacar los colores al Estado español (con datos de 2019) en materia de gestión tributaria y lucha contra el fraude fiscal: el ratio de 2.270,9 habitantes por cada empleado de la Agencia Tributaria queda lejos de los 1.236 de Reino Unido, los 1.498 de Francia y los 1.692 de Italia, y más todavía de los 1.040 de Portugal, los 815 de Polonia, los 981 de Rumanía, los 850 de Holanda y los 667 de Eslovenia, que es de los pocos países que superan el registro de 757 de Alemania, que triplica al español.
En ese contexto, tampoco resulta del todo extraño que la presión fiscal acabe quedándose en España en un 15,1% del PIB frente al 16,2 al 26,8 de los principales países europeos mientras que, por el contrario, el peso de la economía sumergida supere la equivalencia del 20% frente a, por ejemplo, un 12% y un 11% en Francia y Alemania.
El Plan España 2050, que admite que "en relación a la media de la UE-27, España tiene una proporción menor de empleados que se dedican a funciones de inspección y comprobación", se plantea como objetivo "reducir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE de aquí a 2050", lo que consistiría en recortar su peso del 20% del PIB al 10%.
"Los que están haciéndolo bien y tienen menos fraude fiscal disponen de más personal", señala Pérez, que recuerda cómo en España tiene un ratio de 136 contribuyentes de IVA por cada funcionario de la Agencia Tributaria mientras esa media cae a 113 en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
“Hay falta de efectivos para luchar contra el fraude”
"Tenemos un diferencial del 20% en personal, y para equilibrarlo deberíamos llegar a 30.000 funcionarios", anota Pérez, mientras Mollinedo advierte de cómo "para llegar a la media de la UE necesitamos contar con 15.000 funcionarios más", aunque "va a ser complicado reponer las bajas por jubilación, ya que las administraciones no son ajenas a la carestía de personal que empieza a sufrir la empresa privada".
Sin embargo, la lucha contra el fraude fiscal y la investigación de las tramas de corrupción, en las que a menudo participan efectivos de la Agencia Tributaria en funciones de Policía Judicial para jueces y fiscales, no es solo cosa de efectivos.
"Hay una clara falta de efectivos para luchar contra el fraude", señala Íñigo Macías, experto en paraísos fiscales de Oxfam, que anota que en ese ámbito "es necesaria una mayor dedicación y capacidades adecuadas para la investigación".
"Tenemos mucha información, entre otras fuentes en los Informes País por País de la OCDE -añade-, y hemos de aprender a manejarla, porque ahí salen indicios de comportamientos fiscales, si no ilegales, sí irresponsables. Debería haber un mayor compromiso en ir a por el dinero que se esconde".
Macías coincide con Pérez y Mollinedo en que "los esfuerzos no se están dirigiendo hacia los grandes defraudadores. No estamos priorizando ese campo". Y eso genera al cabo del año una merma de ingresos de hasta 45.000 millones de euros en las arcas públicas, la diferencia entre los 15.000 que se detectan y la horquilla de 40.000 a 60.000 que se escapa.
“Tenemos una estructura que no funciona”
¿Y cuáles son las recetas del personal de la Agencia Tributaria para modernizar y ampliar la lucha contra el fraude fiscal?
Mollinedo propone "no restringir las competencias como se hace ahora" y eliminar las trabas que impiden a los técnicos continuar con las investigaciones a partir de cantidades que no alcanzan los seis millones de euros, así como reestructurar los efectivos: "¿si el 80% de la plantilla investiga a los pequeños contribuyentes, quien investiga a los grandes?"
Paralelamente, sugiere aliviar la carga de trabajo del área de Gestión mediante el envío de cartas a los contribuyentes en las que se señalen las discrepancias halladas en las declaraciones para centrar las comprobaciones, que efectuarían los técnicos o los inspectores en función del perfil, cuando no hubiera respuesta ni regularización. Eso permitiría liberar efectivos para otras tareas.
Pérez Boga, por su parte, considera "necesario seguir creciendo en plantilla, pero de una manera armónica que permita crear mayores equipos. También necesitamos más agentes tributarios especializados en el manejo de herramientas informáticas y en el manejo de datos".
Junto con ajustes que permitan renovar "una estructura que no funciona" y con la que a menudo "hacemos la misma comprobación por dos lados", recomienda aprovechar los procesos de digitalización para crear ADI (Administración Digital Integrada) que permitan "redistribuir la carga de trabajo, establecer competencias de ámbito nacional y homogeneizar la presión fiscal en todo el país".
“Hace falta dedicar más esfuerzos”
Esto último permitiría evitar desajustes como los que se dan en Catalunya y Madrid, con infradotaciones de personal de tres y seis puntos, respectivamente, en relación con el peso de esos territorios en el PIB estatal. "Necesitamos más recursos, pero también mayor eficiencia", añade.
Esa eficiencia resulta clave para afrontar los asuntos de grandes fraudes que han puesto de manifiesto las grandes filtraciones de los últimos años, caso de los ‘leaks’ de Panamá, de Pandora o de Luxemburgo.
"Donde hay más dinero escondido es donde más difícil resulta hallarlo", indica Macías, que señala cómo "se trata de madejas muy complicadas de desembrollar, pero los recursos que se recuperan cuando se consigue son enormes en comparación con los que ofrecen otras irregularidades. Hace falta dedicar más esfuerzos".
Fuente: Publico.es
Publicado por Alejandro Juncal Garcia
