Martes 28 de diciembre de 2021, 11:14h
Esta petición se produce tras la publicación de la lista de morosos, cuyo límite para figurar se ha reducido hasta los 600.000 euros, tal y como recomendaron los técnicos, lo que ha disparado el conocimiento de un 88% el número de grandes deudores.
Gestha valora que se haya aprobado su propuesta de 2015 de bajar el umbral cuantitativo de la lista e incorporar a los responsables de esas deudas que califica como pasos positivos para mejorar la transparencia del funcionamiento y las actuaciones de la AEAT, así como el cumplimiento tributario.
En este marco, ve adecuado que, en la nueva ley contra el fraude fiscal, por primera vez, vaya a incluirse a los administradores que son declarados responsables solidarios de la deuda contraída por las empresas, tal y como venía reclamando durante los últimos años, ya que servirá para que aquellos responsables con cierta relevancia y capacidad de pago reduzcan sus deudas pendientes de cobro, lo que les dejaría fuera de esta lista e incrementaría los ingresos cobrados por Hacienda.
Por otra parte, los técnicos sostienen que, si dichas deudas se pagan, la información no aparece en el listado de deudores del art 95.bis. Y que en los casos de deudas inferiores a los 600.000 euros, tampoco aparecen en el listado las deudas de personas o entidades condenadas por delitos fiscales cuando no se paga la deuda, pese a que en estos casos se prevé que se publiquen una a una en el BOE.
Lista de “desahuciados”
En cualquier caso, Gestha insiste en que la lista de morosos se trata básicamente de una lista de “desahuciados” de los que buena parte nunca pagarán sus deudas. Y es que, tal y como hicieron tras la publicación de las anteriores ediciones, los técnicos declaran que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro.
En paralelo, los técnicos explican que en este listado se confunde a los defraudadores con simples deudores, puesto que no se señala el origen de la deuda, y que, si bien se producen unas cancelaciones por el pago de las deudas, otras simplemente se declaran fallidas. Y por ello, piden al Gobierno que detalle la cuantía de la deuda cancelada por insolvencia definitiva de los deudores.
Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, “conviene recordar que, en España, la ‘factura’ del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar para mantener los gastos públicos compensando el agujero por el que escapan los defraudadores”.