06 DE JULIO DE 2022. 08:25H Natalia Obregón
Más de un punto del PIB. Es lo que costarán las nuevas medidas anticrisis, algunas añadidas y otras prolongadas respecto de las implementadas en el mes de marzo pasado y que, estarán en vigor, ante el fuerte castigo de la inflación, hasta el cierre del presente ejercicio el próximo 31 de diciembre.
Hablamos de medidas que el gobierno indica reducirán en 3,5 puntos el avance de la inflación. Pero lo cierto es que las implementadas durante los últimos tres meses, en especial la bonificación a la compra de carburantes del gobierno y de las gasolineras, no ha cumplido esa función. En ese periodo, el IPC mensual se ha incrementado en un 2,4%, la mayoría, un 1,8% en este último mes.
En total hablamos de un coste de 15.000 millones de euros hasta el próximo 31 de diciembre. 6.000 millones se corresponden a las implementadas hasta junio y 9.000 con las anunciadas ya por el presidente Sánchez y las ampliadas hasta que termine el ejercicio.
El recorte del IVA en el recibo de la luz se recortará hasta el 5% desde el 10% actual, a su vez ya revisado a la baja desde el inicial 21%, para todos aquellos con una potencia contratada que no exceda los 10 kilovatios. Esta medida, según indican los técnicos de Hacienda Gestha, en global, en esa bajada del 21 al 5%, costará entre 860 y 920 millones de euros desde ahora, según sus cálculos.
También calculan que la prórroga de la bonificación en los carburantes de 20 céntimos el litro para gasolina y gasóleo supondrá unos 2.841 millones de euros en esta segunda parte del año. Una medida que critican al constatarse dos cosas: que el precio no deja de encarecerse con la presión inflacionista consiguiente y que se potencia el consumo de carburante, en lugar de desincentivarlo.
Un coste total que la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, rebaja hasta los 6.989 euros, con 1.772 millones, en lo que pierde de recaudación el Estado por la bajada del 5% en la factura de la luz. Y cifran en 3.465 millones la prórroga de la subvención generalizada a la compra del carburante. Además de ello, considera que el coste de las ayudas a particulares alcanzará los 1.257 millones y casi 500, las sectoriales.
De esos 9.000 millones, que costarán las medidas prorrogadas y nuevas hasta fin de año, según el Gobierno, 5.500 millones se corresponden a ayudas directas para familias y empresas y 3.500 millones de euros más, a rebajas fiscales.
Por ejemplo, en el caso de una de las nuevas medidas, la referida a la financiación en la reducción del precio de abonos y título multiviaje, se financiará con un crédito extraordinario de 221 millones de euros. Aunque la mayoría irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Otra de las fórmulas, ya anunciadas en su entrada en vigor el próximo uno de enero, es el impuesto con el que se gravará a las compañías eléctricas sobre sus beneficios extraordinarios. Un nuevo impuesto, cuya aprobación se agilizará tramitado como proposición de ley con toda probabilidad, como señala Gestha, y prescindirá de trámite como la consulta pública previa y de audiencia e información pública que requeriría como proyecto de ley.
La idea es tenerlo listo para el 31 de diciembre, de forma que sea exigible a partir de 2023, pero afectando ya a los resultados obtenidos en el presente ejercicio. Todavía no se conocen detalles ni la cuantía del gravamen, pero podría asemejarse al implementado en Italia, que alcanza el 25% de sus beneficios.
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