INFOGRAFÍA: BELÉN TRINCADO
Madrid 11 OCT 2022 - 09:46 CEST
El Gobierno de coalición ha diseñado el nuevo impuesto temporal sobre las grandes fortunas con el objetivo de que la menor cantidad posible de ricos consigan escapar a él. Así, con los números sobre la mesa, tan solo 10.500 contribuyentes con alto patrimonio lograrán esquivar las diferentes obligaciones tributarias que gravan la riqueza. Son el 5% de todos los que declaran en España por el impuesto sobre el patrimonio, el tributo que mejor permite calibrar el peso y la distribución del colectivo de los más acaudalados.
Hay dos grandes razones tras estas cifras. Por un lado está el funcionamiento del nuevo esquema impositivo que ha proyectado el Ministerio de Hacienda, pensado para gravar únicamente a los ultrarricos con más de tres millones de euros netos. Por otro están las bonificaciones al 100% que aplican varias comunidades autónomas en Patrimonio y que van a seguir beneficiando a los pocos contribuyentes que no lleguen al mínimo fijado por Hacienda en el nuevo impuesto.
Es totalmente comprensible, explica Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que el departamento que dirige María Jesús Montero haya decidido poner el foco en los patrimonios superiores a los tres millones de euros. Es ahí, añade, “donde se concentra el grueso del potencial importe recaudatorio, casi el 73% de lo que se ingresaría por Patrimonio si no estuviese bonificado en algunas regiones”.
El impuesto sobre el patrimonio grava por lo general a aquellos contribuyentes que cuentan con una riqueza neta de más de 700.000 euros, exceptuando 300.000 euros de la vivienda habitual. Aunque es un tributo de naturaleza estatal, su gestión y recaudación están cedidas las comunidades autónomas, que pueden bonificarlo en su totalidad para acabar con él en la práctica. Los descuentos vigentes, según los datos de 2019, provocaban que unos 20.500 contribuyentes pudiesen librarse de pagar. En esencia, eran ciudadanos de la Comunidad de Madrid, la única que por aquel entonces aplicaba una bonificación total.
Estos más de 20.000 ciudadanos que disfrutan de la bonificación total en Patrimonio, sea cual sea su base imponible, dejan de abonar algo más de 1.000 millones de euros por el impuesto, prosigue Cruzado. Sin embargo, mientras que los que los que no llegan a los tres millones de Patrimonio se ahorran en total unos 76 millones, los que superan esta línea evitan abonar en conjunto 945 millones de euros.
Son estos últimos, unos 10.000 contribuyentes que lograban escapar del tradicional impuesto al patrimonio gracias a los descuentos, los que se verán afectados por la nueva tasa temporal sobre las grandes fortunas. A este grupo habrá que sumarles los ricos de Andalucía, que empezará a bonificar al 100% Patrimonio el año que viene, y de Galicia, que subirá en 25 puntos porcentuales la bonificación actual, hasta el 50%.
Los datos relativos al año 2019, el último con tanto nivel de desglose por tramos de base imponible, permiten ver cuál es el peso en la recaudación total de los contribuyentes que tienen de tres millones de patrimonio en adelante. Este ejercicio de análisis, añade Cruzado, explica la razón por la que Hacienda se decidió a fijar en esta cifra la frontera del nuevo gravamen.
Los contribuyentes que hace tres años pagaron el impuesto sobre el patrimonio teniendo una riqueza inferior a los tres millones de euros fueron un total de 170.443, el 92,8% de todos los afectados. El importe recaudado asociado a ellos, sin embargo, pasó por poco de los 530 millones, el 43% del total. El 57% restante (unos 690 millones) fue abonado por unos 13.000, apenas un 7% de los contribuyentes.
La frontera de los tres millones, de nuevo con los datos de 2019, también se hace palpable en el grupo de contribuyentes que disfruta de las bonificaciones: el 92% de la recaudación que se perdió por los descuentos en ese año (945 de 1.021 millones) correspondía a este perfil de ultrarricos.
En definitiva, las fortunas con más de tres millones, pagasen o no por Patrimonio en 2019, representaron en conjunto el 72,9% del potencial recaudatorio del impuesto.
El Gobierno de coalición anunció hace dos semanas la puesta en marcha de un impuesto temporal a las grandes fortunas como respuesta a las bonificaciones anunciadas en Patrimonio por los gobiernos regionales de Andalucía y Galicia y que siguen la estela de Madrid. Afectará a los contribuyentes con más de tres millones de patrimonio neto y recaudará unos 1.500 millones de euros al año.
El nuevo gravamen, avanzó más adelante Hacienda, nace precisamente con la intención de neutralizar estos descuentos, ya que será al 100% deducible en las autonomías que no tengan bonificaciones en Patrimonio, algo que también anulará la doble imposición.
Esta suerte de armonización, sin embargo, dejará fuera a los contribuyentes que vivan en comunidades bonificadas y que tengan un patrimonio inferior a los tres millones de euros.
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