Los bonus de los inspectores de Hacienda: a dedo y de hasta 32.000 euros aunque los expedientes no prosperen

CREADA 29-10-2022 | 20:22 H ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 30-10-2022 | 03:00 H

La Justicia ha ordenado a la Agencia Tributaria (AEAT) que haga pública la información sobre las retribuciones especiales del complemento de productividad de la Inspección de Hacienda, así como las normas reguladoras y los criterios para la aplicación de dichas normas en el reparto retributivo. Por un lado, así lo determinó el Juzgado Central contencioso administrativo número 4 de Madrid, que estimó el recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) por el que obliga a la AEAT a desvelar los incentivos salariales de los inspectores y demás miembros del cuerpo de inspección de Hacienda que reciben estas retribuciones extraordinarias.

La sentencia, que tiene fecha del 22 de julio, todavía no ha sido cumplida del todo ya que, cuatro meses después, se conoce el complejo sistema de cantidades variable, pero no así el sistema de distribución real ni las valoraciones que se tienen en cuenta para llevarlo a cabo, con lo que se ha estimado solo parcialmente esta sentencia y Hacienda mantiene el «silencio administrativo» en estos puntos oscuros. La presidenta de Aedaf, Stella Raventós Calvo, ve muy positiva esta sentencia porque «la transparencia que se exige a los contribuyentes debe ser correspondida por la Administración», pero a pesar de que es un paso adelante «muy importante», aún quedan «muchos pasos que dar en esa mayor transparencia».

Y estos emolumentos se pueden recibir sin que se hayan alcanzado las metas mínimas exigidas –las investigaciones que no prosperan están en torno al 50%–, ya que la disposición es discrecional por parte del directivo a cargo. Es decir, que si el caso tributario en proceso de investigación no finaliza con una resolución positiva, es anulado o minorado en vías administrativa o judicial, se cobra ese plus igualmente si así se decide. Esto puede derivar en una «perversión del sistema», algo que el sindicato de los técnicos de Hacienda, Gestha, lleva décadas denunciando. Y también pleiteando para que el sistema de reparto de los bonus, hasta ahora inaccesible y secreto, se haga público, aunque «el silencio se sigue imponiendo. No nos facilitan esa información, que debería ser pública, ni siquiera a los propios funcionarios, algo que debería ser una obligación legal», explica a LA RAZÓN José María Mollinedo, secretario general de Gestha, que denuncia que «ni siquiera sabemos el montante total a distribuir, cuáles son los criterios o cómo se va a asignar entre los funcionarios».

Tampoco se conoce cuál es la bolsa real correspondiente a productividad ni cómo se establece su reparto y critican que, según está establecido, este reparto se realiza de una manera «absolutamente subjetiva, los bonus los otorgan a dedo los jefes orgánicos, que son los únicos que pueden dilucidar el porcentaje que se va a otorgar a cada trabajador».

Sistema “perverso” de presión

Insiste Mollinedo en que el oscurantismo es total en esta política de retribuciones especiales, situación que se está acentuando en los últimos tiempos. En teoría, esos incentivos deberían repartirse entre los funcionarios que mayor iniciativa, esfuerzo y resultados obtengan, pero «desde hace unos años el sistema se ha pervertido, porque lo que se premia son las adhesiones y el seguidismo, además de utilizarlo para reprimir disensiones».

Esto ha llevado a esta organización a presentar en los tribunales una demanda para acabar con este modo de actuar, aunque no han conseguido que la AEAT dé su brazo a torcer, ya que continúa sin cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en la que falló a favor de que «los criterios de reparto de todas las modalidades de productividad fueran conocidos por los propios empleados». Desde Gestha explican que los listados individualizados de los pagos mensuales de productividad dejaron de conocerse a principios de 2019. «Lo único que se publica en los tablones de personal son los listados de importes, en los que únicamente se identifica el subgrupo de clasificación del perceptor –sin mención a cuerpo de adscripción y excluido el nivel 30, el máximo nivel–, con el argumento de que, de no omitirse esa información, se sabría quiénes son esos perceptores porque serían los que más cobran». Se escudan también en que la revelación de esa información puede transgredir la ley de protección de datos y, por tanto, la petición debería hacerse de manera individual, uno a uno, «algo que lo hace inviable entre los 25.000 funcionarios incluidos».