-
El ex tesorero del PP, Luís Bárcenas, implicó a antiguos ministros del PP que trataban con los empresarios que contribuían a engordar la contabilidad B de los populars
-
El juez Pedraz responde así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que hace cinco días solicitaba el archivo
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado la investigación sobre las presuntas donaciones realizadas por empresarios a la "caja B" del PP para conseguir contratos públicos. El juez responde así a la petición que hace cuatro días le había hecho la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio Púbico había tenido en cuenta para solicitar el archivo un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que concluía que no se habían detectado irregularidades en los procesos de adjudicación.
El archivo llega después de que se reabriera la causa hace cinco años. El caso, conocido como el de las 'comisiones finalistas', lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede 'popular' de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.
Relató un episodio concreto que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
La del ex tesorero 'popular' fue la última declaración antes de que Pedraz pusiera fin a la fase de instrucción el 29 de julio de 2021. Desde entonces, el juez estaba pendiente de recibir el último informe de la IGAE para decidir el futuro de la causa.
El informe que concluía que no hay delito
El informe, de 4 de noviembre, analiza a lo largo de 94 páginas la tramitación de los expedientes para adjudicar diversos contratos públicos desde los ministerios de Defensa, Fomento y Medio Ambiente, la Entidad Pública del Suelo (SEPES) o AENA, entre otros, sin identificar irregularidades contrarias a la normativa de la época.
Sin embargo, este informe contrasta con los que ha ido recibiendo la Audiencia Nacional en los últimos años. Así, en uno anterior del 16 de diciembre de 2021, los técnicos de Hacienda ponían de relieve "muy notables desviaciones" en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente a la Constructora Hispánica SA, empresa investigada en la trama 'Gürtel'.
En concreto, señalaba que el contrato para la recuperación y restauración ambiental de las Marismas del Joyel, en la reserva natural de las Marismas de Santoña y Noja (Cantabria), que se remonta al 25 de marzo de 2003, se cerró en un importe de 1.492.152 euros. La IGAE observó un sobrecoste de 28.633,39 euros, el 1,74% del contrato, que ya contaba con un modificado del 9,99%, por lo que superaría el porcentaje límite y hubiese requerido el informe de la Inspección de Servicios.
El Caso
El caso, conocido como el de las 'comisiones finalistas', lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede 'popular' de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.
Relató un episodio concreto que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
