El fomento de la interinidad por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha hecho saltar todas las alarmas. Si bien los inspectores han anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la próxima convocatoria de oposiciones para acceder a ese cuerpo de la función pública, previstas para este mes de julio, por considerar que la formación de una bolsa de interinos podría conllevar el ingreso de personas sin la suficiente formación y cualificación; nosotros planteamos, como alternativa al nombramiento de funcionarios interinos en los cuerpos de inspectores, interventores y superior de gestión catastral, el reconocimiento de funciones superiores a los técnicos del Ministerio de Hacienda, a través de la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.
La preparación y experiencia de los funcionarios de los cuerpos técnicos del Ministerio de Hacienda es, sin duda, una garantía para la prestación del servicio público superior a la que pueden aportar quienes tan solo hayan superado un examen de la correspondiente oposición, sin experiencia previa.
Es cierto que el acuerdo alcanzado entre las principales centrales sindicales y la Secretaría de Estado de Función Pública contribuye a la necesaria mejora de la promoción interna a los cuerpos clasificados en el subgrupo A1 de la Administración General del Estado (AGE).
Es cierto que con la convocatoria de elecciones generales han decaído todas las iniciativas parlamentarias, incluido el proyecto de Ley de Función Pública, que se estaba tramitando. Pero también es cierto que los compromisos de España para seguir recibiendo los fondos europeos siguen vigentes. Y entre ellos, se encuentra la aprobación de esta ley, que además contribuiría a lograr otros objetivos importantes, como el de déficit, gracias al aumento de la recaudación fiscal que se conseguiría con la reducción del fraude y la mejora del control del gasto público: ámbitos en los que los técnicos del Ministerio de Hacienda son protagonistas principales.
En lugar de fichar cientos de interinos, defendemos la necesidad de avanzar hacia una Administración Pública con plantillas adecuadamente dotadas y preparadas para captar y retener el talento. En este marco, cabe advertir de que las deficiencias del modelo actual de promoción interna perjudican tanto a los trabajadores públicos afectados como a los ciudadanos, a quienes se ofrecerán unos servicios públicos mermados y de peor calidad.
Sea como fuere, lo cierto es que el sistema actual de acceso por promoción interna presenta serios problemas, como la imposibilidad de cubrir las plazas, las dificultades de captar personal, la penalización de la excelencia en el trabajo desempeñado, las barreras para valorar adecuadamente candidatos al no tener en cuenta los méritos y capacidades demostrados en la vida profesional…
No olvidemos que los funcionarios que concurren en los procesos de promoción interna con anterioridad ya superaron las oposiciones de acceso a sus respectivos cuerpos funcionariales, y cuentan con años de experiencia profesional en la Administración del Estado.
Por ello, en el caso concreto de Hacienda, a la vista del recurso judicial que estarían articulando los inspectores frente a la hipotética desprofesionalización que denuncian por la incorporación masiva de interinos, no entendemos el rechazo frontal, tanto al reconocimiento de funciones a los técnicos, como a una promoción interna real por parte de este colectivo. Máxime teniendo en cuenta que con los 2.150 funcionarios que lo conforman actualmente resulta inviable reducir las tasas de la economía sumergida a la mitad: uno de los principales objetivos que deberíamos marcarnos en materia fiscal. De la misma forma que ocurre con el escaso número de interventores y el control del gasto público y las subvenciones.
Estos retos no serían alcanzables si no fuera por el trabajo que realizan los casi 9.000 técnicos del Ministerio de Hacienda, que a nuestro juicio se está intentando infravalorar desde el colectivo de inspectores, cuando más de la mitad (50,8%) ocupan puestos de libre designación y se reservan la firma electrónica de las propuestas que realizan los técnicos, usurpándoles su autoría.
En cualquier caso, desde nuestro colectivo defendemos el aumento progresivo del número de empleados para equipararnos a las plantillas promedio de las Administraciones financieras de la UE, sobre todo a tenor de la falta de inspectores, interventores y técnicos superiores de gestión catastral que inevitablemente se producirá por las jubilaciones previstas en los próximos años.
Y es que, sin contar con las bajas por excedencias, enfermedad u otros motivos, cuatro de cada diez funcionarios de estos cuerpos superiores se jubilarán en los próximos cuatro años, periodo de tiempo medio en que se incorporan los de nuevo ingreso desde la publicación de la oferta de empleo público.
De ahí, nuestra propuesta de que anualmente se publiquen unas potentes ofertas de empleo público en las que se fomente la promoción interna de los empleados públicos que ya han accedido por oposición a la AEAT y al Ministerio de Hacienda, demostrando sus conocimientos y habilidades y con una evaluación efectiva de su formación continua y del trabajo desarrollado, lo cual es compatible con la necesaria integración de los técnicos en un cuerpo superior técnico de Hacienda que reconozca por fin la alta cualificación y el verdadero trabajo de decisión del fondo de los expedientes desarrollado desde hace décadas.
En definitiva, no es cuestión de fichar interinos, sino de desarrollar mecanismos justos y eficaces para incentivar la promoción interna de los técnicos de Hacienda, así como de reconocer sus funciones, capacidades y méritos; es decir, de crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda capaz de mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos.
Carlos Cruzado es presidente de los técnicos de Hacienda (Gestha)