La gestión de los fondos europeos, el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que España ya ha recibido tres desembolsos por un importe total de 31.036 millones de euros, se está convirtiendo en el talón de Aquiles del Gobierno de Pedro Sánchez. Como ha venido desvelando THE OBJECTIVE, los problemas han estado relacionados con la falta de transparencia en la gestión, como consecuencia del retraso en la implantación de los sistemas de control (CoFFEE), por parte del Ministerio de Hacienda, máximo responsable.
Ahora las críticas de los funcionarios de Hacienda se dirigen al Ministerio de Transición Ecológico, que dirige Teresa Ribera, y concretamente al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, el único de estas características, cuya regulación fue aprobada el 3 de agosto de 2021 en un real decreto. Su función es gestionar, en un principio, unos 200 millones de euros. Un sistema paralelo al oficial para escapar del control de Hacienda.
La sentencia de los funcionarios de Hacienda, consultados por THE OBJECTIVE, aseguran que «tiene un pifostio impresionante», que llega hasta el extremo de que los cargos de este ministerio se niegan a firmar las adjudicaciones de subvenciones «para no ser cabeza de turco. El fondo debe de llevar como tres o cuatro responsables porque nadie quiere firmar».
Desde su inicio, este fondo ha sido visto con recelo por los funcionarios del Ministerio de Hacienda, ya que se apartaba de la ortodoxia que se estaba siguiendo en toda la gestión administrativa del dinero que envía Europa con cargo a los fondos Next Generation: «Todos los fondos con cargo al Plan de Recuperación van en el Presupuesto General del Estado en la partida 50. Si no están controlados en esa partida y se crea un fondo específico, como ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica en una bolsa común y lo van sacando conforme ellos quieran, no se puede ver la ejecución, saber en qué se están gastando el dinero».
«Ingeniería financiera»
Estas fuentes insisten en que «cada ministerio hace su proyecto e identifica la partida presupuestaria de cada uno, pero en Transición Ecológica, como lo tienen en un saco común, no lo saben. La ejecución presupuestaria no se puede ver porque no saben quién gasta el dinero al estar en un fondo común. Han puesto en marcha una ingeniería financiera para hacer todo esto».
«Teresa Ribera se ha querido ir fuera del sistema, directamente, y esa es nuestra batalla de cada día», se lamenta un funcionario involucrado en el intento de controlar estos fondos para que la Unión Europea no aperciba a España. «El Ministerio de Transición Ecológica ha hecho la cama al propio Gobierno, en contra del sistema CoFFEE (donde se tienen que volcar todos los datos de los proyectos con cargo a los fondos Next Generation), y de las reglas del juego. Este ministerio tiene muchos proyectos con entidades locales de desarrollo del ámbito rural, de digitalización, de tratamiento de aguas. Lo de Teresa Ribera no tiene nombre. Tiene un pufo importante», insiste.
Los problemas en el Ministerio de Ribera saltaron cuando THE OBJECTIVE desveló la denuncia de un grupo de empresarios de Castilla y León sobre una presunta «trama corrupta» en la adjudicación de más de unos 500 millones de euros a un proyecto de Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla, que está siendo investigado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) y denunciado ante la Fiscalía Europea.
Los afectados, han ampliado tres veces la denuncia, detallando todas las negativas que han recibido para aclarar el momento actual de la tramitación de su proyecto. «Respuestas hasta la fecha: Dirección General del Plan, silencio administrativo; Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, se niega a informar; OLAF, se niega a informar; Ministerio de Hacienda, respuesta al Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora diciendo que lo remite a Transición Ecológica por entender que es de su competencia (pese a existir la respuesta de la Subdirección del Plan de Recuperación en España al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, ambos pertenecientes a dicho ministerio); Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, respuesta al juzgado de Zamora, no encuentra el expediente en base a la información solicitada (que era muy precisa y suficiente) y arguye necesitar más información; Secretaria de Estado de Energía, silencio administrativo».
La investigación de la Olaf es consecuencia de una denuncia que se presentó ante la Fiscalía europea el 11 de octubre de 2022 y en la que el grupo empresarial integrado por Biorrefinería Multifuncional Barcial S.L., Desarrollos Bioenergéticos La Robla S.L., EA Bio Multifuncional Buñuel Navarra S.L. y EA Multifunctional Biorefineries Green Holding Company S.L. denunciaba esta trama en proyectos protegidos por patentes de su propiedad. Concretamente, comunicaban a la Fiscalía europea que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegidos por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona».
