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La cúpula elegida por Montero tras la purga del caso Koldo inspeccionará al hermano de Pedro Sánchez
El Fisco tendrá que retratarse ante la apertura de la causa judicial. Tutelará el 'número dos', colocado tras la purga por el explosivo informe sobre Aldama que no paró la cúpula anterior
Publicado: 13/06/2024 04:45
Actualizado: 13/06/2024 09:37
La apertura de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez en un Juzgado de Badajoz va a obligar a Hacienda a retratarse sobre la polémica situación fiscal y patrimonial de David Sánchez Pérez-Castejón. Si tiene una inspección abierta, lo que inspectores consultados no creen, deberá comunicarlo a la jueza. Y si se confirma que no la tiene, será requerida y va a tener que colaborar en auxilio judicial y pronunciarse sobre si Sánchez ha incurrido en delito o infracción fiscal y si aprecia incremento patrimonial no justificado y blanqueo.
Aunque en un primer momento la jueza se dirigirá a la delegada Especial de la Agencia Tributaria (AEAT) en Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez, el expediente y el informe pericial van a ser tutelados en todo caso por la cúpula de la AEAT y las fuentes consultadas apuntan a que al pretender Sánchez ser no residente, se llevará en los Servicios Centrales en Madrid.
Precisamente la cúpula de la Inspección en la AEAT está conformada por afines al PSOE nombrados tras el cese fulminante de los responsables del informe explosivo sobre la trama Koldo, según avanzó Vozpópuli.
El 5 de febrero el BOE publicó una catarata de ceses y nombramientos en la AEAT que firmaba el número dos del Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado y presidente de la Agencia, Jesús Gascón. En su lugar, nombraba a inspectores que destacaron en la Hacienda de José Luis Rodríguez Zapatero. Este periódico puso el foco en los recambios y en su afinidad al PSOE. Entonces no era de dominio público la existencia de la trama, que estalló el 21 de febrero, cuando la UCO detuvo a Koldo García Izaguirre.
Entre los cesados, destacan el director de Inspección y número dos de la AEAT, Javier Hurtado, y la delegada Especial de la AEAT en Aragón, Paloma Villaró, responsables últimos del informe que recibió el juez. De hecho, en el sumario puede verse que los informes previos del Fisco eran estrictamente tributarios.
En los nombramientos publicados el 5 de febrero, se recuperó a Carlos Cervantes, director de Inspección entre 2004 y 2010, como delegado Central de Grandes Contribuyentes.
A Cervantes, próximo a Luis Pedroche, director de la AEAT entre 2004 y 2010, se le hizo responsable de la polémica gestión de la lista Falciani, en la que la Hacienda de Zapatero trató de exonerar a 659 españoles que ocultaban hasta 6.000 millones en cuentas opacas en la sede de HSBC en Suiza, entre ellos, la familia Botín.
El envío de la lista Falciani desde la Hacienda francesa a la española en diciembre de 2009, provocó en 2010 uno de los mayores escándalos que se han vivido en la AEAT. La Agencia de Pedroche, dependiente de Elena Salgado y del secretario de Estado, Carlos Ocaña, envió requerimientos para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria, en una decisión que inspectores y técnicos consideraron una "amnistía" que les ahorró cuantías millonarias e incluso, prisión. El escándalo acabó costando el cargo a Cervantes.
Amnistía fiscal a la 'lista Falciani'
El ahora flamante delegado Central de Grandes Contribuyentes vivió un viacrucis con su imputación en una querella criminal del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) por prevaricación y "trato de favor" entre febrero de 2013 y noviembre de 2017, que fue finalmente archivada. Cervantes defendió ante el juez su paternidad de la idea de no abrir inspecciones fiscales.
El delegado de Grandes Contribuyentes hasta la fecha, Manuel Trillo, asciende ahora a director de Inspección, puesto que implica ser el número dos de la Agencia y el que tenía Cervantes cuando fue cesado en 2010.
Los perfiles de Trillo y Cervantes son considerados afines, "con carnet del PSOE", y su promoción, entendida como una "jugada de ajedrez ultradefensiva" de la Hacienda de Pedro Sánchez por fuentes conocedoras.
El informe que costó el cargo a la cúpula anterior analiza la situación fiscal del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Lejos de quedarse en una enumeración de contingencias fiscales, incorpora una minuciosa explicación de la trama y de sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, con Globalia y su rescate, con el Ministerio de Transportes y con la Venezuela de Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero y apunta una explicación del 'Delcygate'.
El autor es un inspector de gran experiencia y muy respetado, Raúl Burillo (Zaragoza, 1964), que fue delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña y en Baleares, donde fue conocido porque le tocó lidiar con los casos de corrupción Palma Arena o Noos.
En junio de 2020 metió a Soluciones de Gestión, la empresa proveedora de mascarillas del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y vieja conocida de la AEAT, en un plan de inspección de las devoluciones de IVA.
Esta empresa, con sede social en Zaragoza, tenía actividades cuestionadas en Angola y estaba prácticamente inactiva. Ingresó en el año 2020 un total de 54,5 millones de euros, frente a los 0 euros de facturación que declaró el año anterior y los 101.058 de 2018.
Estas circunstancias colocaron a un alto funcionario independiente y con gran experiencia que ahora desempeña sus funciones como inspector raso en Zaragoza a cargo de un caso de alto voltaje político nacional.
Burillo alertó de que sólo Soluciones de Gestión tenía vinculación con Zaragoza, y que el resto de inspeccionados de la trama estaban domiciliados en Madrid, pero el expediente se mantuvo en Zaragoza y se le autorizó a centralizarlo.
Que Burillo hubiera elevado sus descubrimientos no ha impedido que el informe llegara al Juzgado en los términos descritos. Se trata de un texto que el juez sólo encargó el 20 de enero y que recopila su investigación.
Los dos principales responsables de su custodia eran la delegada Especial de la AEAT en Aragón y el director de Inspección, dos de los únicos cargos que tienen capacidad para denunciar delito fiscal.
Preocupación en la Diputación
Aunque las diligencias de investigación del Juzgado de Badajoz se encuentran en una fase preliminar, hay "mucha preocupación" entre los funcionarios de la Diputación de Badajoz por haber firmado certificados sobre las actividades del hermano de Pedro Sánchez y se tientan la ropa a la hora de retratarse con su firma en más documentos de cara al futuro, según ha desvelado Vozpópuli.
El sentir es que "no es lo mismo intentar parar los pies a la oposición o a la prensa que tener que responder ante una jueza".
Las diligencias también se han abierto contra el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación, Alejandro J. Cardenal, por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
En lo que respecta al delito fiscal, este último sobre todo deberá dar cuenta de por qué no se ha retenido IRPF al hermano de Pedro Sánchez desde 2021.
El músico, cuyo nombre artístico es David Azagra, se ahorra unos 76.000 euros en impuestos al ser residente fiscal en Portugal desde 2021, como ha desvelado Vozpópuli. El hermano menor de Pedro Sánchez, por tanto, no ha pagado ni el IRPF ni el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2021 y 2022. Algo que se prevé que tampoco hará en la Campaña de la Renta de 2023, ahora en curso, a pesar de que cobra un sueldo público desde 2017.
El hermano de Sánchez ha cobrado de la Diputación de Badajoz 261.000 euros y ha elevado su patrimonio en 1,7 millones entre julio de 2017 y diciembre de 2023. En la pandemia, su incremento patrimonial fue de 1,5 millones.
Traje fiscal a medida
Aunque los inspectores consultados no creen que Hacienda inspeccione a David Sánchez, hasta ahora no puede descartarse y hay plazo todavía para cuestionar el primer ejercicio del cambio de residencia fiscal, el de 2021, hasta el 30 de junio de 2025. Cabe recordar que Hacienda no puede pronunciarse sobre contribuyentes concretos.
Sí que hay un pronunciamiento público a medida de la controvertida situación fiscal de David Sánchez Pérez-Castejón. En un caso calcado, la Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo del Fisco, establece en una consulta vinculante que un teletrabajador residente fiscal en Portugal como pretende ser el hermano del presidente del Gobierno está exento de tributar en España.
Las consultas vinculantes que contesta Tributos son ley para casos como el que trata. Plantea la consulta una "entidad residente en España", de la que no se especifica si es del sector público o privado, que pregunta si los rendimientos del trabajo satisfechos a un empleado residente fiscal en Portugal, y que ejerce su trabajo en Portugal deben estar sujetos a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). Esto es, un 19%, 20 puntos menos de lo que le correspondería en el IRPF.
Pues bien, Tributos responde que la Hacienda española sólo le retendrá, es decir, sólo tributará en España por los trabajos que haga en España -por IRNR con el tipo citado 20 puntos inferior al IRPF-. Pero no por el grueso de su trabajo, que desempeña en Portugal, que queda exento en España.
La doctrina de esta consulta no es nueva. La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V3945-15 la estableció para un teletrabajador en Londres considerado residente fiscal en Reino Unido. Pero llama la atención de fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli que Tributos publique ahora una consulta para un caso de Portugal como el del hermano de Sánchez que asegura una doctrina favorable. Con fecha de salida del 28 de diciembre de 2023 y publicada recientemente, esta consulta blinda la actuación de la Diputación de Badajoz y la de David Sánchez.
