También hacen mención a dos sentencias del Tribunal Supremo -de febrero de 2023-, que reiteraban que deberían eliminarse de la publicación en la lista de morosos de las personas denunciadas por presuntos delitos fiscales que no podían pagar las deudas vinculadas ni aplazarlas, por "no aportar garantías suficientes", o porque confían en obtener un pronunciamiento favorable del tribunal penal. Asimismo, reconocen que el número de contribuyentes en esta situación es "relativamente reducido" en el actual listado porque estos impagos no suelen ser habituales, pues "incluso en los casos en que las defensas renuncian a pactar con la Fiscalía, la persona denunciada que paga o consigna su importe puede beneficiarse de la reducción de las penas en uno o dos grados, o solicitar la devolución del importe en caso de absolución".
En este último listado conocido ayer, el número de grandes morosos con Hacienda -aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios- se situó al cierre de 2023 en 6.084, un 0,1% más que un año antes, de los que sólo 1.052 eran personas físicas, que debían 15.237 millones de euros, un 0,2% más que un año antes, aunque una vez eliminadas duplicidades esta cifra queda reducida a 12.620 millones, un 6,9% menos.
Aunque los técnicos de Hacienda reconocen que se han producido "avances notables" desde la publicación de la Ley de prevención del fraude de 2021 -con medidas como la bajada del umbral de entrada desde el millón de euros hasta los 600.000 euros, e incluir a los responsables solidarios de estas deudas impagadas, información que venían proponiendo desde la primera lista de morosos-, insisten en que "falta por vincular en el listado al deudor principal con los responsables solidarios". Por este motivo denuncian que se han eliminado de la lista a 45 deudores, con 105 millones de deuda y un 37,8% de la deuda sin duplicidades se encuentra en procedimientos concursales, por lo que "buena parte de los 4.724 millones que adeudan será de difícil cobro o incluso será cancelada por insolvencia definitiva".
En opinión del secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "para reducir la deuda pendiente de cobro, es necesario dar mayores atribuciones y funciones a los técnicos de recaudación, así como a las jefaturas de gestión recaudatoria, a los grupos regionales de recaudación y a los administradores de la AEAT".