El concierto catalán se aboca al fracaso por la falta de mayorías políticas

La propuesta de un "concierto económico solidario" para Cataluña, acordado entre ERC y PSC para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ha desencadenado un terremoto en el tablero político. Las claves de la reforma son la salida de Cataluña del régimen común de financiación y la cesión del 100% de tributos a la Generalitat. Además, el sistema se distingue del cupo vasco en que contempla una cuota de solidaridad con el resto de regiones.

Las críticas contra esta iniciativa no se han hecho esperar y han llegado no solo de los partidos más enfrentados al Gobierno, PP y Vox, sino también de las propias filas socialistas y de los socios minoritarios que sustentan la mayoría gubernamental. Esta coyuntura complica enormemente la aprobación de los cambios legislativos necesarios para sacar adelante el nuevo modelo, hasta el punto de abocar al fracaso la medida estrella del pacto de investidura. El documento suscrito entre ERC y PSC reconoce que el concierto no podrá materializarse sin modificar con anterioridad la ley de financiación de las comunidades autónomas (conocida como la LOFCA) y la ley de cesión de tributos. Curiosamente, ambos partidos excluyen el Estatut d'Autonomia de la batería de normas afectadas.

Este punto no es compartido por el economista Francisco de la Torre, quien recuerda que el texto autonómico incluye previsiones muy específicas sobre los impuestos en su artículo 204. A su juicio, el estatuto catalán merecería un repaso general para encajar el concierto económico. Se da la circunstancia de que esta reforma estatutaria debería contar con dos tercios del Parlament. No parece que un Govern liderado por Illa pudiera reunir fácilmente estos apoyos.

Fuentes de ERC argumentaron ayer que la ley nuclear que debe modificarse es la LOFCA puesto que en ella se contemplan las delegaciones de tributos a las autonomías. Por tanto, descartaron que fuese necesario actualizar el estatuto. Por otro lado, adelantaron que la reforma de la LOFCA se centrará en una exclusión de Cataluña del régimen común a través de una disposición adicional, al igual que sucede con País Vasco y Navarra.

Oposición transversal

Aun ciñéndonos a las leyes de ámbito estatal, no está claro que el Gobierno tenga hoy por hoy suficientes apoyos en el Congreso. Al tratarse de una ley orgánica, la LOFCA necesitaría una mayoría absoluta de 176 escaños. Por tanto, el Ejecutivo formado por PSOE y Sumar debería agavillar los votos de todos y cada uno de los diputados que invistieron a Pedro Sánchez y que hasta ahora han aprobado el grueso de los proyectos legislativos del Gobierno. La fuga de cualquier parlamentario impediría que la reforma llegase a buen puerto.

Dando por descontada la negativa del bloque de derechas formado por PP y Vox, cuyos barones salieron en tromba a rechazar el pacto ERC-PSC, ya se han desmarcado de la propuesta singular para Cataluña formaciones como la Chunta Aragonesista, Coalición Canaria y Compromís. En el caso de los regionalistas valencianos, su diputada Águeda Micó aseguró que el partido no respaldará ninguna modificación de la LOFCA hasta que se aborde la "infrafinanciación" que a su juicio sufre la comunidad levantina. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostró su "perplejidad e incomprensión" por una entente que calificó como "mala" para el archipiélago.

Asimismo, persiste la duda de cuál será la reacción de Junts per Catalunya ante el acuerdo de concierto fiscal. Ayer se reunió la ejecutiva de la organización liderada por Carles Puigdemont pero no precisó cuál será su posición al respecto. Su secretario general, Jordi Turull, afirmó que solo se pronunciarán "sobre certezas y no especulaciones". También evitó posicionarse el PSC, que emitió una breve nota en que mostró su "respeto por los procesos internos" de otras formaciones, en referencia a la consulta de ERC a la militancia que se celebrará el próximo viernes, 2 de agosto.

Encaje constitucional

Al margen de las mayorías políticas, existen interrogantes sobre el encaje constitucional del propio concierto solidario. De la Torre lo explica poniendo como ejemplo el IRPF.

"Tiene problemas legales y constitucionales obvios. De acuerdo con todo el bloque de constitucionalidad, la Agencia Tributaria del Estado debe encargarse del IRPF. Otra cuestión sería explorar vías de colaboración como el consorcio, pero el traspaso de un impuesto a otra administración exige cambiar todo el aparataje legal. Y no habría cobertura constitucional de ningún tipo, ya que País Vasco y Navarra sí cuentan con la disposición adicional primera", argumenta el hacendista.

De su lado, el economista Javier Santacruz pone en cuestión la nomenclatura utilizada por los republicanos: "El término concierto está reservado para el País Vasco, al igual que el convenio se usa para Navarra y el régimen económico fiscal para Canarias. Son terminologías distintas que significan cosas distintas, se está retorciendo el lenguaje".

Los inspectores de Hacienda, en pie de guerra

En un comunicado, los técnicos de IHE han mostrado su "rechazo frontal y absoluto" al documento que será sometido al voto de las bases de ERC. En su opinión, este concierto económico no es más que un "modelo de financiación a la carta para Cataluña, bajo el falaz reconocimiento de singularidad histórica que lo que pretende es romper con los principios establecidos en nuestra Constitución". También el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, se ha opuesto al documento. Advierten de que la mayoría de los 5.000 funcionarios de la AEAT en Cataluña rechazaría integrarse en la Hacienda catalana y alertan de que que la propuesta de avanzar hacia un modelo tributario federal podría extenderse a las demás CCAA.

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