Gestha alerta de que cumplir el preacuerdo entre el PSC y ERC podría ir contra la Constitución y la solidaridad entre territorios

Los técnicos de Hacienda advierten de que la mayoría de los 5.000 funcionarios de la AEAT en Cataluña rechazaría integrarse en la ATC, y dispararía la evasión fiscal
Consideran que la propuesta de avanzar hacia un modelo tributario federal podría extenderse a las demás CCAA

Madrid, 30 de julio de 2024. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertan de que el cumplimiento del preacuerdo entre el PSC y ERC podría incurrir en inconstitucionalidad y atentaría contra la solidaridad entre territorios. Una advertencia que lanzan antes de que la militancia republicana deba dar su visto bueno a un texto que marca el objetivo de avanzar hacia la "plena soberanía fiscal" para que Cataluña recaude "todos los impuestos", cuyo apoyo avalaría la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

En concreto, los técnicos señalan que el modelo de financiación singular de Cataluña bordea la inconstitucionalidad, puesto que tendría notas características de un régimen foral solidario con una Agencia Tributaria de Cataluña que asuma el 100% de la gestión de los impuestos en Cataluña, la aportación de un cupo catalán por la parte del gasto estatal de los servicios no transferidos en Cataluña y una cuota de solidaridad entre Regiones con un fondo de reequilibrio territorial a negociar. Pese a lo anterior, el preacuerdo admite implícitamente un límite constitucional al perseguir un “sustancial aumento” de la capacidad normativa que estaría coordinada con el Estado y la Unión Europea, lo que deja a salvo la potestad tributaria originaria del Estado.

Y es que los técnicos de Hacienda recuerdan que el bloque de constitucionalidad otorga al Estado la competencia exclusiva para regular los tributos, el marco general del sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del Estado, que forman los artículos 133, 149 y 157 de la Carta Magna, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, las Leyes Orgánicas de los Estatutos de Autonomía, la ley de 2001 que ha otorgado una mayor capacidad normativa y cedido unos mayores porcentajes de la recaudación del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el juego, IVA e impuestos especiales, así como las respectivas Leyes que fijan el régimen concreto de cesión de tributos del Estado a cada CCAA, entre otras.

Modelo tributario federal controvertido con la solidaridad

Por otra parte, Gestha sostiene que la propuesta de avanzar hacia un modelo tributario federal, se extendería a todas las Comunidades Autónomas de régimen común con una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección, así como con una gobernanza de las inversiones públicas.

No obstante, aunque el preacuerdo pretende que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude, en una primera fase, el 100% del IRPF del 2026 que se paga en Cataluña, no concreta la entidad que gestionará y liquidará las retenciones y pagos a cuenta en 2026 y las devoluciones de la Campaña de la Renta a partir de junio de 2027.

Además, el preacuerdo prevé que la aportación catalana por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña se realice a través de un porcentaje de participación en los tributos, que es como actualmente está establecido, aunque en sentido inverso, para la financiación autonómica.

Según los técnicos de Hacienda, si la ATC asumiera en 2026 la recaudación del 100% pasaría a recaudar 24.439 millones, y tendría que devolver la cuota estatal unos 12.000 millones, y en la última fase para recaudar el 100% de los tributos estatales, pasaría de recaudar los cerca de 4.900 millones de euros en impuestos cedidos y propios en la actualidad a recaudar alrededor de 52.000 millones en total, cifra muy relevante puesto que la Agencia Tributaria de Cataluña sólo gestiona y recauda el 9% del total de los impuestos generados en Cataluña (excluidos los impuestos locales), mientras que el 91% restante son recaudados por la AEAT.

A juicio de Gestha, la propuesta más problemática es la aportación a la solidaridad con las demás comunidades autónomas, a pesar de que reconoce que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos alcancen niveles similares con un esfuerzo fiscal también similar.

Y es que el preacuerdo quiere que esa solidaridad esté limitada por el principio de ordinalidad, de forma que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, mantenga el mismo orden que en la escala de lo que reciben.

En este sentido, Gestha advierte que el IRPF aporta el 95,4 % de la progresividad del sistema fiscal español; en cambio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones solo aporta el 3,2%, y los Impuestos de Patrimonio y de Solidaridad de grandes fortunas el 1,4 % restante.

Riesgo de aumento de la evasión fiscal

Igualmente, advierte que la información consignada en las declaraciones de Renta es crucial en la lucha contra el fraude fiscal en España porque al final determinadas personas son las que se lucran ilícitamente de la evasión y en las que afloran las rentas y patrimonios ocultados, por lo que la AEAT no debería perder esa información.

En paralelo, el preacuerdo entre el PSC y ERC pretende el traspaso de los medios humanos, materiales y tecnológicos por parte de la AEAT a la ATC. Sin embargo, desde GESTHA lo ven irrealizable, y aseguran que la gran mayoría de los 5.000 empleados de la AEAT en Cataluña rechazaría integrarse en la ATC al carecer de lazos afectivos y familiares en la región, aumentando exponencialmente las ya altas demandas de movilidad de Cataluña, sin que las mayores retribuciones y la integración en un cuerpo superior sean un atractivo suficiente.

Entre los funcionarios estatales destinados en Cataluña que tienen las competencias de comprobación y liquidación tributaria y aduanera, así como las de recaudación, los Técnicos de Hacienda son el 73,6% y los Inspectores son el 26,4% restante.

Por el contrario, la ATC está dimensionada para la gestión de los impuestos cedidos y propios con 852 personas empleadas, de ellas solo 23 inspectores y 269 técnicos tributarios autonómicos realizan funciones de control tributario.

Según el secretario general de GESTHA, José María Mollinedo, “el Gobierno de España tendrá que emplearse en una intensa negociación multilateral del cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un diseño fino de las demás modificaciones legales necesarias para cumplir ese acuerdo del PSC y ERC sin tacha de inconstitucionalidad, y recabar los apoyos parlamentarias para su aprobación”.