5 septiembre, 2024 00:00
@IgnasiJorro"¿Una jefa de la inspección fiscal con una sociedad inmobiliaria con más de un cuarto de millón de euros de capital -su patrimonio neto es superior a los 274.000 euros-? Extraño, por no decir otra cosa", lamenta un funcionario de base.
En efecto, la alto mando de la Administración fiscal participa en una administradora inmobiliaria con sede en Berga (Barcelona). No sólo es administradora en la misma, sino que firma actos como la junta general ordinaria, por ejemplo.
Eso sí, su actividad es casi inexistente: giró apenas 16.900 euros en 2022, y una cantidad casi idéntica el ejercicio anterior.
Hoy, la sede de la empresa la ocupa una asesoría-correduría de la empresa manresana Pujol Protect.
¿Qué dicen en el comercio? Un portavoz ha respondido que la empresa de la jefa de Hacienda en Cataluña "está en efecto domiciliada allí, pero ésta apenas viene".
De hecho, desde la correduría aseguran que la mercantil "no tenía actividad", y que "está en vías de disolución". Ahora, la oficina bergatana es "una oficina de comercialización de seguros sin vinculación".
A preguntas de este medio, un portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha recordado que el personal del ministerio "no puede realizar actividades de administración" ni tener más del 10% del capital de una empresa.
"Si es administrador solidario, no podría firmar hojas registrales ni el informe de las cuentas anuales", ha insistido la misma fuente, alertando de que ello podría vulnerar la ley de incompatibilidades del personal de las Administraciones Públicas de 1984, y el reglamento "del año siguiente".
En este sentido, la misma fuente ha recordado que "existe un régimen disciplinario de aplicación", que llega "a los tres años si la infracción es grave". Y existe también la posibilidad de "separación de la Administración". Desde Gestha recuerdan el caso del exinspector José María Huguet, condenado por cohecho en 2011 al quedar probado que aceptaba sobornos de empresarios.
Eso sí, desde el sindicato admiten que "puede ser habitual" que algunos funcionarios participen en empresas familiares de bienes raíces "para optimizar su posición fiscal", beneficiándose de bonificaciones "como la del IRPF" de las que no gozarían si los activos "estuvieran a su nombre".
Sin entrar en el caso concreto de Cataluña, un representante de la AEAT ha recordado que "la ley de incompatibilidades permite a los funcionarios la administración del patrimonio personal y familiar".
Eso sí, "hay que analizar caso a caso, y si se detecta un incumplimiento de algún funcionario, se abre el correspondiente expediente disciplinario", ha agregado la misma fuente.
En cualquier caso, la alta funcionaria ha modificado ligeramente su perfil público tras las preguntas de este medio a la Agencia Tributaria. En un perfil en un centro de estudios especializado, ha eliminado su colaboración con el bufete de abogados Cuatrecasas, y destaca sólo su rol como directora de la Unidad Regional.
"Ello sugiere que algo podría ser anómalo, al menos a nivel reputacional", apostillan los denunciantes.