Carlos Cruzado: "El 70% del fraude es atribuible a los grandes patrimonios y grandes empresas"

El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, estuvo con Dirigentes Digital para valorar los aciertos y errores del anteproyecto de ley antifraude del Gobierno y los problemas fiscales en España. Según Gestha, la economía sumergida es España asciende a 245.000 millones de euros (un 23% del PIB) ¿Se puede decir que España es un país de defraudadores? Pues es un país que en Europa está a la cabeza de los países con más defraudación después de Grecia. Nosotros más o menos estamos como Italia pero disputando el segundo puesto. ¿Por qué esas diferencias con los países? Nuestro sistema tributario lleva 30 años funcionando, pero no es tanto si lo comparamos con otros países. Por los motivos que sean, según nuestros datos España está en el 23,3% del PIB. Son 245.000 millones de euros. Traducidos en pérdida de recaudación serían 88.000 millones de euros al año: 59.000 en impuestos y 29.000 en cuotas de la Seguridad Social. ¿A quién se puede responsabilizar de estas cifras? Aquí ha habido una falta de voluntad política. Lo llevamos diciendo nosotros desde hace años a los sucesivos Gobiernos y ministros de Hacienda que no han tomado las decisiones necesarias. Ahora el Gobierno acaba de incluir algunas de ellas con matices en el anteproyecto que están preparando en la lucha contra el fraude. ¿Han tenido los Gobiernos recursos para atacar este problema? Entendemos que sí. Si es cierto que quizás la Agencia Tributaria no tiene los recursos suficientes, pero además de no tenerlos tampoco optimiza los que tiene. Una de las propuestas que nosotros hacemos es atribuir mayores competencias a los técnicos. Somos 8.000 técnicos en el ministerio de Hacienda y de alguna manera tenemos limitadas las funciones, sobre todo de grandes empresas y grandes patrimonios. La Agencia Tributaria tendría que potenciar más la investigación, cambiar su estructura y no hacer tanto hincapié en los contribuyentes controlados. ¿Cuál es el perfil de los evasores de impuestos? Según nuestros datos más del 70% del fraude es atribuible a los grandes patrimonios y grandes empresas, frente a la opinión a veces generalizada de que el fraude está en el pequeño autónomo. El fraude de los autónomos no alcanzaría el 10% del total y en las pymes suponen el 17%. Solo hay un 2% del fraude no empresarial que se refiere a compra venta de inmuebles entre particulares, alquileres de viviendas, etc. El perfil del defraudador va cambiando a medida que va creciendo la importancia de la empresa. En el pequeño autónomo el fraude normal sería evitar facturar algunos servicios, en las pymes incluir gastos personales como gastos de la empresa y en las grandes empresas el fraude se centra en entramados societarios. Dentro de este perfil, ¿se pueden incluir comunidades, políticos u organismos oficiales? Siempre estamos viendo que los casos de corrupciones políti cas están muy vinculados con facturas falsas. Al igual que aparece en estos casos mucho dinero en efectivo que es otro problema que tenemos. En España hay una gran cantidad de billetes de 500 euros. Somos el país de Europa con más billetes de 500. Tenemos el doble de billetes de 500 que el resto de Europa. ¿Y eso no se podría limitar de alguna manera? Efectivamente. Una de ellas es la limitación de efectivo que ha anunciado el Gobierno. Es un primer paso pero pensamos que se queda corto. Van a limitar el efectivo en las operaciones en las que participe un profesional o una empresa a 2.5000 euros. Es un límite que está más cerca del establecido en Francia (3.000 euros) que del de Italia (1.000 euros). Nuestra propuesta, dado que nuestro nivel de fraude es más parecido al italiano y que tenemos el problema de la gran cantidad de billetes de 500 euros, es que debería haberse establecido el límite en 1.000 euros. Pero de momento es un primer paso y seguramente ese límite se bajará con el transcurso del tiempo. ¿Opina que se podrá defraudar igualmente aunque haya ese límite de 2.500 euros? Va a bajar el nivel de fraude. La limitación de efectivo puede tener dos efectos positivos. Va a reducir la circulación de facturas falsas sobre todo una vez que se limita el régimen de módulos que es otra medida que consideramos fundamental. En el régimen de módulos es en el que surgen la totalidad de las facturas falsas. Al reducir la posibilidad de los empresarios de estar en este régimen va a caer el nivel de facturas falsas. La otra consecuencia es que va a entorpecer el blanqueo de dinero. Por otro lado, la sanción que se anunció de un 25% del importe es insuficiente. Otra consecuencia que debería llevar el incumplimiento del límite debería ser que la empresa que paga por encima de ese límite en efectivo no pudiera deducir esa factura. ¿Cuál es la posición de Gestha en cuanto a la medida que obliga a informar sobre las cuentas abiertas en el extranjero? Creemos que no va a ser demasiado eficaz. Más allá de informar sobre las cuentas blancas, va a ser difícil que alguien que tenga las cuentas negras vaya a informar. ¿Cuál sería entonces la mejor medida para acabar con estos paraísos fiscales? Para acabar con los paraísos fiscales hay que tomar medidas de carácter global. España debería influir en el G20, en la OCDE y UE para que se aportaran las medidas globales necesarias. Aunque aquí también hay medidas que se pueden tomar. Más que obligar a las personas a informar de estas cuentas quizás sería mejor llegar a acuerdos con la gran banca para que informaran de las posiciones en paraísos fiscales. Ya lo están haciendo el Gobierno alemán, el francés, el americano...Además de llegar a un acuerdo con las gestoras de las tarjetas de crédito. Dentro de este anteproyecto de ley, ¿qué es lo que faltaría por tocar? Unas de las primeras medidas que estamos proponiendo es que el Gobierno a través del ministerio de Hacienda elaborara un estudio oficial sobre economía sumergida y fraude. Sería conveniente hacer ese estudio para que hubiese una foto fija de cómo es la economía sumergida y el fraude desagregado por sectores, territorios, impuestos y a partir de ahí establecer los planes necesarios para reducir la economía sumergida. Deberíamos intentar llegar al nivel de economía sumergida de la media europea (está 10-12 puntos por debajo de España). Si fuéramos capaces de reducir el fraude podríamos recuperar cada año 38.500 millones de euros. Si España no hubiera estado sumida en la crisis económica, ¿esta ley se hubiera elaborado? No lo sé. La verdad es que la crisis ha puesto de manifiesto este problema. Desde Gestha lo venimos reclamando desde hace tiempo. Antes de la brutal caída en 2008 no se correspondían los ingresos con la actividad económica. ¿Es posible que en un futuro no muy lejano se pueda acabar con la economía sumergida en España? A medio plazo se podría acabar con el diferencial con Europa y dejar la economía sumergida en unos niveles aceptables.