"España compite con otros países que se consideran paraísos fiscales"

Carlos Cruzado es el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), muy críticos con la amnistía fiscal del Gobierno, cuyo plazo acaba este viernes con pocas perspectivas de alcanzar el objetivo de recaudar 2.500 millones. Cruzado reclama más recursos y cambios en la Agencia Tributaria para llevar a cabo una lucha eficaz contra el fraude fiscal, que tenga en el centro de mira a los grandes patrimonios y empresas, y no a los pequeños contribuyentes.

Ana Requena AguilarFollow @RequenaAguilar

27/11/2012 - 21:03h

El viernes acaba la amnistía fiscal. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por convencer a los defraudadores, no parece que los datos sean buenos, ¿qué podemos esperar?


El ministro Montoro está muy optimista estos días, pero lo cierto es que los datos que ha hecho públicos la Agencia Tributaria son muy malos. Hasta julio, decían que se habían conseguido 50,4 millones en dos meses. Hasta octubre, no se llegaría ni a cien millones recaudados. Aunque aún falta por conocer los datos de octubre y noviembre se nos hace difícil que se pueda llegar a los 2.500 millones. Además, tal y como se ha desarrollado todo el proceso, hay un cúmulo de confusiones que quizá esté haciendo que la gente que podría estar interesada tenga miedo.

En Gestha habéis sido muy críticos con esta amnistía, ¿por qué?

Para nosotros roza la inconstitucionalidad, va contra el principio de igualdad y de progresividad, que son los que deben de regir el sistema tributario según el artículo 31 de la Constitución. Es un agravio para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones y puede llevar a una desafección fiscal, a que la gente piense que ya llegará la amnistía y que sale más a cuenta defraudar. No sólo se condonan las sanciones, sino que se da un trato fiscal mucho más beneficioso al defraudador que al contribuyente, porque pagar un 10% [el tipo que contempla la amnistía] está muy lejos del mínimo de la escala del IRPF, que es el 24,75%. También hay un informe de expertos de la Comisión Europea en el que desaconsejan este tipo de iniciativas porque son más los resultados negativos, en cuanto a falta de conciencia fiscal y desafección, que los positivos.

Además, existe el riesgo de que se esté utilizando esta amnistía para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. El Gobierno insiste en que no van a hacer comprobaciones de las declaraciones y si ni siquiera se comprueba de dónde viene ese dinero se podría estar facilitando que algunas mafias estén blanqueando. Tampoco se exige que se repatrie este dinero, con lo cual puedes tener un capital o unas acciones en un paraíso fiscal, pagar el 10% que te ofrece la amnistía pero no traer a España ese dinero.

¿Qué medidas alternativas proponéis vosotros?

Cuando el Gobierno anunció la amnistía fiscal dijo que era una alternativa a la subida del IVA, pero meses después también se produjo esa subida. Para nosotros, la alternativa a esta amnistía es incrementar la lucha contra el fraude. No podemos esperar a que vengan los defraudadores a regularizar lo que quieran, lo que hay que hacer es ir a por ellos. Hay que incrementar los medios y modificar sobre todo la forma de actuar de la Agencia Tributaria, que está más centrada en la supervisión de clientes controlados, de ingresos de rentas del capital y de pequeños empresarios que en la investigación e inspección de las grandes bolsas de fraude.

¿Tiene la Agencia Tributaria suficientes recursos para llevar a cabo una lucha efectiva contra el fraude?


En España, el ratio de empleados de la administración tributaria por habitante es de uno por cada 1.928, mientras que la media de la OCDE es de 1 por cada 900. Es decir, tenemos menos de la mitad de los medios con los que cuentan los países de la OCDE de media. Si hablamos de inversión en lucha contra el fraude en relación al PIB, estamos también a la cola de la OCDE.

No es sólo eso. Dentro de la Agencia, la mayoría de esos efectivos tampoco se usan en la lucha contra el fraude. Según nuestros datos, las mayores bolsas de fraude residen en los grandes patrimonios y grandes empresas, y sin embargo los medios que se dedican al control y la inspección de estos colectivos no llegan al 20% del total de efectivos. El 80% de los efectivos se dedican al cruce de datos, a la comprobación de discrepancias en las declaraciones respecto a los datos que hay… Esto es lo que le estamos pidiendo a la Agencia que cambie, que traslade la lupa de estos contribuyentes al gran fraude.

Pedís también más competencias para luchar contra el fraude...


Así es, somos 8.000 técnicos en el Ministerio de Hacienda y consideramos que tenemos funciones muy limitadas, cada vez más en los últimos años. Decimos que tenemos las manos atadas frente al fraude. Deberíamos tener más competencias para dedicarnos más a la investigación de los grandes patrimonios y empresas que a los contribuyentes del IRPF y las rentas del trabajo.


El Gobierno ha anunciado la creción de una Oficina de Fiscalidad Internacional para evitar las planificaciones tributarias que hacen grandes empresas y con las que al final consiguen pagar muy pocos impuestos, ¿os parece suficiente?

Se dice que se va a dotar con 50 efectivos, así que parece que quedará más en una oficina de estudio y asesoramieno, pero difícilmente tendrá una labor ejecutiva y resuelta en luchar contra este fenónemo, que es de los que más daño hace al Estado. Al menos es positivo que se diagnostique el problema, que se hable de estas operaciones, que no son tanto fraude sino elusión fiscal. Que Appel o Microsoft paguen un 3% o un 4% de impuestos implica que estas empresas se basan en la falta de coordinación entre las distintas normativas estatales y aprovechan sus lagunas. Este problema requiere de una solución global, en Europa y en la OCDE.

Al mismo tiempo que España anuncia la creación de esta oficina, publicita la ingeniera financiera en el exterior para atraer a grandes empresas, ¿no es esto mantener un doble discurso sin ir al fondo del problema?

Exacto, nosotros estamos compitiendo con otros estados que pueden considerarse paraísos fiscales dentro de Europa, como Irlanda, que tiene muchos convenios con algunos paraísos fiscales y que tiene la fiscalidad de sociedades más reducida, o como Países Bajos. España también aporta su granito de arena: existe una figura, las entidades de tenencia de valores extranjeros, que está regulada en el impuesto de sociedades y que es una herramienta de empresas radicadas fuera de España para acabar tributando muy poco dinero.

¿En qué consiste esta figura?

A través de estas sociedades, empresas no domiciliadas en España quedan exentas del pago de cualquier tipo de rendimiento o dividendo que puedan tener en sus filiales. Es una figura que habría que suprimir. Como las Sicav, que están establecidas como una socidad de inversión colectiva pero que, sin embargo, se permite que la utilicen personas o grupos familiares para eludir el pago de impuestos durante años. Lo que hay que hacer es modificar las normas para que no se puedan usar estas estrategias.

¿Habría también que modificar el Impuesto de Sociedades?

Dentro del impuesto de sociedade, hay muchas posibilidades para al final no tributar por los beneficios obtenidos, así que hay margen. Se critica mucho que este impuesto (del 30%) está por encima de la media, pero es un tipo nominal. Como consecuencia de todas las bonificaciones y deducciones, los tipos efectivos que pagan las grandes empresas están sobre el 10 o el 11%. Si comparamos las medianas empresas con las muy grande se da la paradoja de que,a pesar de que las grandes pagan el 30% nominal y las pymes el 25%, al final son las pymes las que pagan esos cinco puntos de más.

Un ejemplo es que el tipo efectivo que pagan las empresas que facturan más de mil millones de euros no llega al 17%, mientras que el que pagan las pymes sobre bases imponibiles está en el 20 o el 21%. Las grandes aprovechan mucho más las deducciones que las pequeñas y pagan menos impuestos. Para compensar esta situación y acercar su esfuerzo fiscal al de las familias, consideramos que habría que aumentar el impuesto en cinco puntos para las que tengan beneficios superiores al millón de euros. Se podrían recuperar cerca de 14.000 millones anuales con esta subida.

¿Por qué no se hacen todos estos cambios, no hay voluntad política?

Sí, nunca la ha habido, ni por los anteriores gobiernos ni de momento por este. Es un fenómeno que si ya es grave, en este momento de crisis es esencial. En el momento en que se están subuiendo impuestos que afectan a las clases medias y bajas no hay una clara demostración de querer atajar el gran fraude. En la zona del euro, somos el país, después de Grecia, que más nivel de fraude tenemos, junto a Italia. Según los datos actuales, la cifra de economía sumergida y fraude en España está en el 23,3% del PIB, casi 250.000 millones de euros que escapan al control de Hacienda y 88.000 millones que se dejan de ingresar al año entre cuotas a la Seguridad Social e impuestos.

No somos tan ambiciosos como para pensar que se puede erradicar al 100% este fraude pero sí podemos estar en los estándares de los países de nuestro entorno, y para eso tendríamos que reducir esa cifra en diez puntos. Recaudaríamos unos 38.000 millones de euros al año, que es justo la cantidad que aparece en los presupuestos para 2013 como intereses de la deuda.


En la modificación del Código Penal quieren endurecerse algunos delitos de fraude...


Se van a modificar algunos temas, pero lo único que se va a hacer es contemplar un delito fiscal agravado en determinadas situaciones, cuando se hace a través de organizaciones delictivas, por ejemplo. Echamos en falta mayor contundencia, no sólo en el Código Penal sino en la norma de funcionamiento de la Agencia Tributaria. Creemos que hay que alargar los plazos de prescripción para que las infracciones tributarias no prescriban tan pronto y alargar los plazos de inspección, porque muchas veces no se llega a tiempo. Y desde luego habría que endurecer las sanciones, tanto en el ámbito administrativo como en el penal.