“Montoro pone en entredicho la imagen de independencia de Hacienda con sus manifestaciones”

BILBAO - El presidente de Gestha ha participado esta semana en una mesa redonda organizada por Cáritas Bizkaia. Junto a otros ponentes defendió la necesidad de poner la fiscalidad al servicio del Estado del Bienestar y la recuperación económica.

Gestha se ha convertido en un auténtico azote del Gobierno del PP, se han hecho ustedes muy visibles en los medios de comunicación.

-La actualidad, los casos de corrupción, la reforma fiscal, la conciencia fiscal de los ciudadanos -que perciben cada vez más el daño que están causando el fraude fiscal y la economía sumergida-, quizás todo esto y la crisis en definitiva es lo que nos está poniendo más en los medios.

 De todas formas, a tenor de sus críticas, no tienen ninguna duda de que el Gobierno español lo está haciendo rematadamente mal.

-Bueno, lo que decimos es que el Gobierno del PP no tiene voluntad política para acabar con el fraude, pero los anteriores gobiernos tampoco. Estamos acostumbrados en la Agencia Tributaria a manejar malos datos en la lucha contra el fraude, a pesar de que los datos se venden como históricos cada año. La Agencia Tributaria necesita un cambio, lo necesita ahora y lo necesitaba hace años también. Montoro no se aparta mucho de otros ministros anteriores en cuanto a esa falta de voluntad política de acabar con el fraude.

Las haciendas dicen que si fuera tan fácil cuantificar el fraude, sería también fácil erradicarlo, porque estaría localizado.

-Es que en parte está localizado. Las grandes bolsas de fraude se saben dónde están y lo que hay que hacer es cambiar la lupa. La Agencia Tributaria se dedica sobre todo al control de los controlados, al control de las discrepancias que su sistema informático detecta como consecuencia de las declaraciones de los receptores de rendimientos de trabajo o de microempresarios y pymes. Sin embargo, el esfuerzo hay que hacerlo donde no hay bases imponibles declaradas, ahí es donde tiene que entrar la inspección. Según nuestros datos, la mayor parte del fraude se radicaría en grandes empresas y fortunas y, sin embargo, los recursos que se dedican a eso son mínimos. A medida que crece el tamaño del contribuyente, los recursos que dedica la Agencia Tributaria al control son cada vez menores. Basta con ver los recursos que tiene la delegación central de grandes contribuyentes, que es la que se ocupa de los 3.000 mayores contribuyentes españoles. Y estamos hablando de las empresas del Ibex, de grandes empresas, de grandes fortunas, en las cuales el esfuerzo que se hace es escaso.

¿Se es más flexible con los grandes empresarios porque son los mayores generadores de empleo?

-Eso es una excusa que se la oímos muchas veces a políticos, a periodistas, a economistas..., pero lo cierto es que la Constitución, en el artículo 31.1, establece los principios que deben regir el sistema tributario, que debe basarse en la suficiencia económica, la igualdad y la progresividad. Y desde luego ese argumento choca de lleno con el principio de igualdad. A los contribuyentes hay que tratarlos por igual. Y a la vista de cómo se desglosan los impuestos, de cómo se recaudan los diferentes impuestos, parece que esto tampoco es así. De hecho, casi el 90% de los españoles, según el CIS, piensa que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Esto es algo que tampoco contribuye a que mejore el nivel de conciencia fiscal de los españoles, que no es precisamente muy alto. Es necesario que el sistema fiscal sea justo y equitativo, y las elites políticas y económicas deben dar ejemplo y no es así a la vista de los casos de evasión y corrupción que surgen.

¿Y cómo encajan instrumentos como las Sicav en esa búsqueda de la equidad y la progresividad?

-No encajan, directamente. Las Sicav son sociedades de inversión de capital variable, es una institución colectiva que sin embargo se utiliza de forma particular o privada. Para nosotros eso es un fraude de ley y, en todo caso, si se considera legal, es un instrumento de elusión fiscal y habría que combatirlo modificando la ley. Más allá de si estas sociedades deben tributar más del 1% como los fondos de inversión, la clave está en impedir que una persona o un grupo familiar pueda controlar una sociedad de este tipo. Tributa al 1% como los fondos, pero los fondos tributan al 30% cuando son rescatados. En el caso de las Sicav, si una persona controla la sociedad, controla las inversiones y no es necesario rescatar el beneficio. Es un vehículo que utilizan las grandes fortunas para no tributar.

Se habla de una posible fuga de capitales si se modifica.

-Habría que modificarlo, la excusa es esa, que si modificamos la Sicav se van a ir esos capitales. Eso es un chantaje, pero el artículo 31.1 de la constitución dice lo que dice. Habría que cambiar la Constitución si se quiere aceptar que un empresario, además de los beneficios legales que tiene por contratar empleados o por inversiones, no pague impuestos.

¿Está utilizando Montoro información fiscal con fines partidistas?

-La imagen que está dando es esa. Son métodos que lleva utilizando toda la legislatura. Si no utiliza los datos, al menos sí se refiriere más o menos explícitamente a contribuyentes políticos o actores. Incluso en el Congreso ha señalado a algunos miembros de la oposición afirmando que tendrían que pagar sus impuestos. Y la imagen que da todo esto para los ciudadanos es la de que sí puede estar utilizando de forma partidaria a la Agencia Tributaria. Esto no le hace mucho bien a la imagen de la Agencia Tributaria, que es un instrumento de vital sensibilidad. La imagen de independencia de la Agencia Tributaria queda en entredicho con manifestaciones de este tipo.

¿Ha puesto Montoro sobre aviso a defraudadores y se han frustrado inspecciones fiscales?

-No sé si se ha llegado a ese extremo. En el caso Monedero algunos colectivos de la Agencia Tributaria han hablado de esto, que al alertar sobre el tema habría regularizado su situación. No lo hemos dicho nosotros. Nosotros lo que vemos es que se podría estar incumpliendo el artículo de la Ley General Tributaria que prevé la discreción, la reserva que deben tener todos los funcionarios de la agencia de los datos que conocen y manejan de los contribuyentes