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Directivos de Hacienda: “La Lista Falciani era jurídicamente discutible y muy endeble”
DECLARAN COMO TESTIGOS
Según la declaración ante el juez de dos trabajadores de la AEAT, solo con la lista aportada por las autoridades francesas con los datos obtenidos por Falciani no se podía sostener un proceso penal
La 'lista Falciani' era “muy discutible y muy endeble” para Hacienda y, por eso, no se procedió a actuar penalmente, ni siquiera a abrir una inspección, a los más de 600 defraudadores que aparecían en la información obtenida por elexempleado del HSBC en Ginebra, Hervé Falciani. Así lo aseguran dos directivos de Hacienda, que declararon como testigos en la causa que se investiga una presunta prevaricación por no perseguir a los titulares de las cuentas, a quienes se les dio la opción de regularizar su situación, como ocurrió con el expresidente del Banco Santander, Emilio Botín.
“Lo que teníamos era una información jurídicamente muy discutible, muy endeble, de la que hay dudas incluso respecto de la propia titularidad y dudas muy serias que la persona que figura sea la titular real de los fondos”, explicó ante la juez, el subdirector general de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, Marcos Álvarez de Suso, quien insistió que solo con la lista aportada por las autoridades francesas con los datos obtenidos por Falciani no se podía sostener un proceso penal.
La decisión de informar a los presuntos defraudadores sobre el conocimiento de sus cuentas en el HSBC para darles la opción de regularizar esos fondos, ocultos hasta ese momento al fisco, se adoptó en junio de 2010, con el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, la magistradaPurificación Elisa Romero ha imputado, a petición de la acusación popular dirigida por el sindicato Gestha, a la exdirectora de Gestión Tributaria, María Dolores Bustamante, y al exdirector de Inspección, Carlos Cervantes, por prevaricación administrativa.
Durante el interrogatorio, al que ha tenido acceso El Confidencial, Álvarez de Suso defendió a sus jefes y mantuvo que fue una decisión acertada porque al ser la 'lista Falciani' la única prueba contra esos contribuyentes existía el “miedo” de perder el asunto en los tribunales y no recuperar el dinero. Así, recordó que a pesar de aquella decisión, en algunos de los casos ha habido resoluciones administrativas judiciales a favor del presunto defraudador al declarar la Justicia esta prueba como “insuficiente”.
Contra la voluntad del HSBC
“Nosotros defendemos los intereses de la Hacienda Pública y tenemos que ver lo que va a prosperar. Un expediente en el que iniciamos actuaciones con un tema tan sensible, y a nuestro juicio abocado al fracaso jurídico, no se si es la mejor decisión para la Hacienda Pública”, insistió el testigo. En la reunión en la que se decidió qué vía utilizar para actuar respecto a los titulares de aquella cuentas, se valoró la posibilidad de iniciar un proceso más coercitivo como una inspección. Sin embargo, según el testigo, “era 'vox populi' por la prensa que la información había sido sustraída en contra de la voluntad del banco por un empleado”. Dado el origen “ilícito de la prueba, “se nos suscitó la duda si en un juicio se sostendría esta prueba”, señaló ante la juez el subidrector. Por esa razón se rechazó finalmente actuar penalmente contra aquellas personas.
Álvarez de Suso mantuvo que al ser la 'lista Falciani' la única prueba existía el “miedo” de perder el asunto en los tribunales y no recuperar el dinero
A pesar de la idea de Hacienda sobre la ilicitud de la prueba, lo cierto es que ya ha habido varios casos en los que se ha condenado por delito fiscal a varios titulares de cuentas del HSBC cuyos nombres aparecían en el listado de 659 españoles clientes del HSBC. Es más, fuentes jurídicas señalan a este diario que después de por lo menos cuatro casos en los que se ha avalado la información entregada por Falciani se puede considerar prueba de cargo y queda avalada su licitud.
La lista, avalada por los tribunales
Uno de los condenados es el empresario Rogelio Mestre. En la sentencia fijada por un juzgado de Barcelona, el magistrado calificó de “dudoso soporte jurídico” la amnistía encubierta realizada por Hacienda, que permitió que muchos de los defraudadores no hayan tenido que enfrentarse a la Justicia y que ha dejado sin castigo “la conducta defraudatoria de las rentas más altas”, según aquel auto judicial.
Sin embargo, Álvarez de Suso insistió ante la juez en pasado mes de julio que después de que Francia les entregara aquellos datos después de que Falciani se los facilitara, se plantearon que si el contribuyente sospechoso negara la titularidad de una cuenta en el banco suizo, Hacienda tenía la obligación de corroborar la información por otras pruebas porque los datos entregados “eran de por sí confusos”.
Otra de las subdirectoras generales, María del Carmen García Amorós, también respaldó la decisión de la AEAT de no preparar una inspección ni un proceso penal contra las personas de la lista. Según su relato ante la juez, la información que se disponía en ese momento ni siquiera permitía cuantificar la deuda tributaria. “con lo cual tampoco podía deducirse una posibilidad de delito”.
En ese momento, la prioridad era que no prescribiera el ejercicio 2005 para reclamar a los contribuyentes la deuda tributaria, como así se hizo. En aquel entonces sólo había diez días para informar a los clientes del HSBC de que la opción de realizar una declaración complementaria si se quería recuperar el máximo dinero posible oculto al fisco.
Hacienda remitió al Juzgado un documento en el que asevera que jamás hubo ningún expediente al respecto sino un correo electrónico
No existe expediente
En este asunto, la juez había requerido a la AEAT que entregara el expediente abierto por la lista Falciani para, pocos después, rectificar y dar por anulado el requerimiento. Sin embargo, Hacienda remitió al Juzgado un documento en el que asevera que jamás hubo ningún expediente al respecto sino un correo electrónico enviado por los dos imputados a los delegados regionales con las directrices para proceder a los requerimientos de los contribuyentes señalados.
“Los correos electrónicos no forman parte de ningún expediente administrativo y su remisión fue consecuencia de las decisiones estratégicas adoptadas por los Departamentos de Gestión e Inspección Tributaria en el mes de junio de 2010, en el marco de las competencias de coordinación”, recoge el documento firmado por el director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Luis María Sánchez González, y al que ha tenido acceso este diario.
