España está a mitad de la tabla en Europa en cuanto a presión fiscal al trabajo, pues ocupa la 14º plaza.
La pasada semana, la OCDE publicó su informe sobre las llamadas ‘cuñas fiscales’ –que es el indicador que mide el peso del IRPF y las cuotas de la Seguridad Social del trabajador y la empresa sobre el sueldo del primero- de sus 34 países miembros, entre los que está España. El informe llegó a los medios de comunicación y a diversas entidades, algunas de las cuales le dieron una interpretación que dista mucho de la realidad.
Determinadas publicaciones retrataron a España como un infierno fiscal para los trabajadores, que destinan buena parte de su salario a pagar tributos. No obstante, los datos recogidos por Gestha de los ingresos tributarios de los últimos años muestran que en España los trabajadores tienen menos presión fiscal que en la media de la UE de los 28 y de la Zona Euro. En concreto, los trabajadores tienen una presión fiscal del 16,7% sobre su salario, mientras que en el conjunto de la UE asciende a una media del 19,6% y en la Zona Euro, al 21,3%. De modo que España está a mitad de la tabla en Europa en cuanto a presión fiscal al trabajo, pues ocupa la 14º plaza.
"En España los trabajadores tienen menos presión fiscal que en la media de la UE de los 28 y de la Zona Euro"
A efectos de ingresos tributarios, este ‘gap’ o diferencial se traduce en que España ingresa casi 30.000 millones de euros menos que la media de la UE en impuestos al trabajo básicamente por la menor recaudación de las cuotas a la Seguridad Social a cargo de los trabajadores. Esto pone de relieve, una vez más, la falta de eficiencia del sistema tributario español, que desaprovecha el potencial recaudador de los diferentes tributos actuales.
Pues no solo tenemos menos presión fiscal en el trabajo, sino en general, ya que respecto al resto de la UE la presión fiscal de España es de 6,6 puntos menos -33,6%- que la media ponderada de la Zona Euro -40,2%- y 5,2 puntos menos que la media europea de los 28 -38,8%-. En esta diferencia también tiene mucho que ver la economía sumergida, que es del 26,4% del PIB –un total de 253.000 millones de euros-, lo que resta recursos a las arcas públicos y que acaba influyendo en el gasto en políticas del bienestar, que es de casi 38.700 millones menos que en la media de la UE.