Los técnicos, una de las asocaciones de trabajadores de Hacienda, consideran que esta cifra podría escalar hasta los 14.100 millones si se añaden los 2.500 millones que se ingresarían por las medidas de ahorro, eficiencia y calidad del gasto público, así como los 1.900 millones por elevar el IRPF a las grandes fortunas y el aumento de tipos de la renta del ahorro de los grandes patrimonios.
Del total de 9.700 millones que se esperan recaudar, alrededor de 4.000 millones corresponderían al Impuesto de sociedades, 2.000 millones al impuesto a las transacciones financieras internacionales, 1.500 millones a la lucha contra el fraude, 1.000 millones al impuesto a la banca y 1.200 millones por el impuesto temporal a los ingresos de determinados servicios digitales se espera ingresar unos 600 millones y por la tributación medioambiental, otros 600 millones.
Para Gestha todavía hay margen para estas subidas de impuestos, ya que la brecha de presión fiscal española con respecto a la Unión Europea se sitúa en los 61.798 millones al año y alcanza los 75.822 millones respecto a los 19 países de la Zona Euro.
Sin embargo, los técnicos creen que antes de subir los impuestos habría que exigir el pago a quienes no los abonan o los eluden, ya que la economía sumergida española ronda el 24,6% del PIB.
Según los técnicos, "la menor recaudación fiscal que provoca el fraude hace que el gasto social en España sea 48.000 millones de euros inferior a la media ponderada europea y que se debiliten las cuentas públicas respecto al déficit y al endeudamiento".
Por último, los técnicos reclaman tener las manos libres en la lucha contra la evasión y elusión tributaria y que se desplace la investigación de los incumplimientos de pequeños contribuyentes, autónomos y pymes hacia las grandes fortunas, "donde se sitúan las grandes bolsas de fraude".
De hecho, consideran que con esta medida el volumen de la economía sumergida podría reducirse a la mitad y se podrían recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros que ahora se evaden.
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