17/01/2019
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el nuevo Plan de Control Tributario rompe con el continuismo de los anteriores y empieza a centrarse en el fraude de las grandes empresas y patrimonios. No obstante, lamentan la confusa delimitación de responsabilidades y la falta de refuerzo de la plantilla, que impide concretar suficientemente cómo y quiénes cumplirán con las directrices generales publicadas esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre las que destacan como principales novedades la creación de la Unidad de Control de Patrimonios Relevantes para vigilar a las grandes fortunas y la implantación de medidas para paliar los riesgos derivados del Brexit.
Los técnicos destacan que la plantilla de la Agencia Tributaria este año ocupará el último lugar en la Unión Europea en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE. Así, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 recoge un aumento de los efectivos de la AEAT de apenas 387 personas, por lo que a final de año alcanzarán los 25.916 empleados.
De esta forma, España sufre una brecha de 25.504 empleados menos que la media ponderada de Europa, es decir, cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida y otras 792 personas menos de apoyo. O, lo que es lo mismo, sólo un trabajador por cada 2.836 ciudadanos, frente a la media europea, según la cual cada empleado controla a menos de la mitad de ciudadanos.
Cuadro 1. Plantilla de las Administraciones tributarias europeas
Empleados públicos exclusivamente dedicados a funciones tributarias y generales (excluido el personal de apoyo) y a tiempo completo
Fuente: Gestha, a partir de datos de la OCDE
Según los técnicos de Hacienda, la consecuencia de este desequilibrio de las plantillas es que España cuenta con más del doble de la economía sumergida de los países de nuestro entorno.
A su vez, los técnicos avisan de otros factores que influyen en el control tributario como la actual política de traslados y de progresión profesional y la confusa delimitación de responsabilidades.
Asimismo, Gestha descarta que con la estructura y las competencias de la plantilla actual se puedan llevar a cabo los planes de Hacienda para combatir el fraude con garantías, lo que requeriría una organización más plana y un mayor reparto de poder y capacidad de decisión para incrementar la eficacia de la AEAT e impedir injerencias políticas y económicas en las actuaciones de los funcionarios.
Por otra parte, los técnicos creen que el Suministro Inmediato de Información (SII), implantado en el segundo semestre de 2017, servirá para reducir el fraude de las tramas de facturas falsas y centrar los controles del IVA. Y dentro del control de las nuevas tecnologías para realizar los pertinentes rastreos, echan de menos más concreción del control de las ventas por internet, las tecnologías “fintech” y las criptomonedas.
En cambio, cuestionan que se logre impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales con los asistentes virtuales y la nueva estrategia frente a los nuevos empresarios y profesionales, salvo que se refuerce la actividad de control.
De hecho, estiman que con un plan eficiente de lucha contra el fraude fiscal podrían recaudarse hasta 40.000 millones de euros a medio plazo y reducir ese 25% al que, prácticamente, asciende la economía sumergida en España, pese a que lleven varias décadas combatiendo contra ella.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “este Plan de Control Tributario continúa sin especificar los medios personales mediante los que se lograrán los objetivos marcados en sus directrices generales. Tan importante es el qué como el cómo. Por ello, el proyecto de Ley de prevención del fraude, que en breve aprobará el Gobierno, deberá concretar los recursos que destinará a la AEAT”.