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Las empresas aportan un 10% menos de ingresos al Estado que hace una década
La aportación del IVA prácticamente se ha duplicado en los ingresos tributarios del país.
Los datos que publica la Agencia Tributaria a través del Ministerio de Hacienda constatan que la salida de la crisis económica en España se ha asentado sobre la clase trabajadora, como por otra parte han advertido en reiteradas ocasiones técnicos (Gestha) y estudios sobre la materia.
Una de las principales fuentes de donde se nutre esa afirmación es la publicación de los ingresos tributarios de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en la última década.
Los recaudado a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)supuso el 27 y el 41 por ciento, respectivamente, del total de los ingresos tributarios de aquel año. El IVA aportó 48.021 millones de euros y el IRPF 71.341 millones.
Diez años después, lo recaudado a través del IVA ha aumentado en 22.000 millones de euros (+45%), el IRPF aporta 11.000 millones de euros más que en 2008 y el Impuesto de Sociedades, sin embargo, concede al Estado casi 3.000 millones de euros menos de ingresos que entonces, una caída casi del 10%.
Las empresas pagaron 24.838 millones de euros a través de este gravamen durante el año 2018. De hecho, el Impuesto de Sociedades supuso solo el 11% de todos los ingresos tributarios del Ministerio de Hacienda.
La globalización y la competitividad
La globalización extendió por el planeta una economía de mercado basada en el movimiento del capital, ejecutada a través de empresas multinacionales, y sostenida por una sociedad de consumo.
Ese fenómeno económico y social obtuvo su mayor plenitud a partir del año 90. Década en la que los Estados occidentales, principalmente, comenzaron a rebajar drásticamente los impuestos de sociedades. Europa ha pasado de tener una media de tipo impositivo para las empresas superior al 35% a una del 21%.
La evolución de las tasas impositivas en Europa revela que los ciudadanos cada vez pagan más a través de los impuestos indirectos (IVA) mientras las instituciones reducen el gravamen destinado a las empresas.
Según datos de la Comisión Europea, la media continental del Impuesto sobre el Valor Añadido ha aumentado un 20% en los últimos 40 años. En los años ochenta, los Estados miembro tenían un IVA próximo al 17%. Ahora esa cifra es del 21,4% de media. Una subida paulatina que ha colocado este impuesto indirecto en el mismo nivel que el de sociedades, algo que jamás había sucedido.
Los datos de la Comisión Europea y las principales consultoras, como KPMG, señalan que el impuesto de sociedades en Europa en 1980 era del 40%, aproximadamente. A comienzos de los noventa esa cifra seguía por encima del 36%. Dos décadas después, la tasa media en la UE respecto al impuesto de sociedades es del 21,8%, prácticamente como el IVA. Aunque hay estadísticas (no de la CE) que lo ponen por debajo incluso del 20%. En España es del 25%.
El Impuesto sobre la renta de sociedades representa en media ponderada de la UE alrededor del 6,3% de los ingresos impositivos totales y un 2,5% del PIB. El IVA, por su parte, representa en la UE alrededor del 18% de los ingresos impositivos totales y un 7% del PIB.
Tasa mínima para las empresas
El Impuesto de Sociedades es una de las armas principales que manejan los Estados miembro de la UE para competir unos con otros. La mayoría de los países han ido reduciendo esta tasa impositiva durante los últimos años en aras de atraer inversión extranjera.
Bruselas lleva tiempo criticando este desajuste impositivo dentro de la UE. La Comisión, en ese sentido, propone una tasa mínima que ningún país pueda rebajar.
Se trata de la "Base común consolidada del impuesto de sociedades" (CCCTB), que también abarcaría a las empresas digitales.
“Los sistemas impositivos corporativos existentes reflejan las realidades económicas del siglo pasado, donde las empresas estaban claramente vinculadas a un mercado local. La globalización y la digitalización de la economía mundial representan desafíos respecto a la prevención de la distorsión del mercado, la lucha contra la evasión fiscal y la evasión fiscal en sí. Las empresas que operan en la UE sin establecimiento físico deben ser tratadas del mismo modo que las empresas que tienen un establecimiento físico en la UE”, reflexiona el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.
