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La factura de la parálisis política
Opinión
La falta de Gobierno dificulta hacer frente a la ralentización económica
El próximo 10 de noviembre los españoles tenemos una nueva cita con las urnas, la cuarta en cuatro años, como si de un déjà vu se tratara. El bloqueo político parece enquistarse. Y preocupa, en tanto en cuanto la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) continuará, casi con total seguridad, hasta bien entrado el próximo año. La falta de acuerdos impide gobernar y acometer las reformas necesarias en un país, el nuestro, que recauda y gasta poco y mal.
En este sentido, la presión fiscal española se sitúa 5,3 puntos del PIB por debajo de la media europea (6,9 puntos menos que la media de la Eurozona), mientras que el gasto público resulta 4,7 puntos inferior (6,7 puntos menos que la media de la Euro zona). En números contantes y sonantes, la potencia recaudatoria del sistema tributario español podría aumentar, al menos, en 66.000 millones de euros, que contribuirían a garantizar un Estado del Bienestar que, en buena medida, depende de las comunidades autónomas; a quienes corresponde sostener políticas esenciales como la Educación, Sanidad y Dependencia y que cada vez se encuentran más asfixiadas principalmente por culpa de un modelo de financiación insuficiente, que urge renovar y que no se reforma, precisamente, por la incapacidad del Gobierno para legislar, aunque también por la generalizada carrera de rebajas en los impuestos autonómicos.
La falta de Gobierno impide acometer las reformas necesarios en un país que recauda poco y mal
Las alarmas han empezado a sonar e incluso organismos como la OCDE ya han alertado a España sobre los riesgos económicos que entraña esta repetición electoral y que resultan especialmente graves en materia fiscal, ya que la parálisis también se traduce en términos de recaudación, en un contexto en el que por ahora presidente del BCE, Mario Draghi, ha instado a los países con margen suficiente a impulsar políticas fiscales para avivar las economías de la eurozona.
Y la española, en concreto, comienza a languidecer. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado a la baja el crecimiento de 2016 a 2018 y también el que tuvo lugar durante el primer y segundo trimestre del año, lo que complica que en 2019 se pueda lograr la meta de déficit para el conjunto de Administraciones Públicas (AAPP) notificado por el Gobierno a la Comisión Europea del 2 por ciento del PIB.
La convocatoria electoral eleva el riesgo de imcumplimiento del objetivo de déficit
Conviene recordar que el objetivo para 2019 del total de AAPP fue fijado en el Consejo de Ministros de 13 de julio de 2017 en el -1,3 por ciento del PIB. No obstante, en la primera notificación del déficit y deuda del 30 de marzo de 2019 enviada a la Comisión Europea se incluyó una previsión de déficit para 2019 que refleja que el déficit previsto para la AAPP superior al objetivo aprobado, situándose en el -2 por ciento del PIB. Posteriormente, la Actualización del Programa de Estabilidad remitido en abril de 2019 prevé un déficit similar.
La parálisis gubernamental por la convocatoria electoral puede añadir un riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit porque se parte del -2,7 por ciento del PIB a julio, riesgo a pesar de que en el segundo semestre se espera que la mejoría en la recaudación del IRPF y el aumento de las cotizaciones sociales impulsen el debilitado aumento de la recaudación registrado hasta la fecha. Y por el otro lado, aunque los gastos del primer semestre aumentaron su peso hasta el 41,4 por ciento del PIB, en el segundo semestre se espera una reducción hasta alcanzar el 41,1 por ciento del PIB gracias a que las subidas de pensiones y salarios públicos (se produjeron en enero en 2019 frente agosto en 2018) y por el menor impacto de la devolución del IRPF por las prestaciones por maternidad y paternidad.
Y respecto a otro elemento fundamental de la Estabilidad, la deuda de las Administraciones Públicas en julio ha sido del 97,61 por ciento del PIB previsto para 2019, lejos del objetivo del Gobierno para finales de año del 95,8 por ciento, una situación que se agravará con el anuncio que ha realizado la Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de transferir a las Comunidades Autónomas del Fondo de liquidez autonómico para que se puedan pagar en plazo a los proveedores.
Un escenario de desaceleración económica, pues, que España afronta con un déficit elevado y una deuda cada vez mayor, dos factores que condicionarán el armazón que podría utilizarse en caso de tener que combatir una nueva crisis. Es más, el club de las grandes potencias económicas mundiales, defensor de los estímulos fiscales, afirma que todo incremento de la inversión pública en nuestro país debería sufragarse mediante una subida de los ingresos, para cuya consecución se necesita un Gobierno.
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