17/02/2020 EUROPA_PRESS
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la entrada en vigor del impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', se demorará hasta al menos el año 2021, al tiempo que avisa de una posible sobreestimación en la recaudación prevista con este nuevo tributo que prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes.
Gestha sostiene que tanto la 'tasa Google' como el nuevo impuesto que gravará las transacciones financieras, conocido como 'tasa Tobin', se tramitarán en paralelo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que deberá incluir la previsión de ingresos del Impuesto sobre Transacciones Financieras.
En cualquier caso, en 2018 Gestha ya avisó de la dificultad de implantar la 'tasa Google en España antes de que culmine la negociación en la OCDE prevista para finales de este año, o al menos a que en caso contrario se apruebe la Directiva europea.
Asimismo, vuelve a avisar de que si España exigiese unilateralmente este impuesto a las empresas tecnológicas podría acarrear la imposición de nuevos aranceles de Estados Unidos a productos españoles.
Por otra parte, los técnicos creen que las cifras de recaudación que maneja el Gobierno (1.200 millones por la 'tasa Google' y 850 millones por la 'tasa Tobin', en cómputo anual) podrían estar sobreestimadas, de acuerdo a los cálculos que también efectuó la Comisión Europea. En este sentido, admiten lo complicado que resulta realizar estas previsiones dada la falta de experiencia con dos impuestos nuevos en España.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha destacado que son impuestos que "mejoran la justicia fiscal y suponen un primer paso para reducir el problema de suficiencia que sufre el sistema tributario".
En cualquier caso, el sindicato cree que la 'tasa Tobin' apenas afectará a los pequeños ahorradores, ya que su propósito es desincentivar la especulación de los grandes inversores, al tiempo que piensa que la 'tasa Google' podría repercutir a los anunciantes y a las comisiones de intermediación, si no existiera una competencia "perfecta" de las empresas tecnológicas.
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