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Lo que se esconde tras la “guerra” por el IVA autonómico y local
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Pese al ruido mediático, Hacienda no se ha quedado con el importe líquido que se cede a regiones y municipios de ningún mes de 2017
La “guerra” por el IVA autonómico deja titulares de uno y otro lado de los contendientes, pero ¿qué hay detrás de tales posiciones? La ministra Montero optó por no dar una cifra exacta del montante, puntualizando que “no hay ni trampa ni cartón”, si bien culpa al PP del problema y afirma que las comunidades han gastado ese importe en 2019 aunque no puedan cobrarlo, lo que ha provocado un mayor déficit y un incremento del período medio de pago a proveedores.
En el pulso de la confrontación política, las autonomías gobernadas por el PP no han dado su brazo a torcer, como tampoco lo han hecho algunos gobernantes de las filas socialistas. Es el caso, por ejemplo, de Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha, o de Javier Lambán, presidente de Aragón, quien pese a agradecer públicamente tanto a Pedro Sánchez como a María Jesús Montero “su sensibilidad respecto a las CCAA al tratar de compensarnos por la pérdida de ingresos que ocasionó el Gobierno del PP”, anunció que procedería a reclamar “los 80 millones de euros que nos quitó Montoro”.
Sea como fuere, después de un año y medio sin reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), los consejeros autonómicos de Economía y Hacienda han sido convocados para informarles de un paquete de medidas ministeriales que pretende sofocar los ánimos, entre las que destaca el descontar el importe del mes de noviembre del IVA de 2017 del cómputo del déficit autonómico de 2019 y el ofrecimiento de un extra FLA (Fondo extra de Liquidez Autonómico) sin interés. Medidas que no han contentado a ciertas comunidades, ni a la Federación Española de Municipios y Provincias, ni tampoco a algunos ayuntamientos, como el de Zaragoza, que avisan de que plantearán recursos contenciosos.
Pero lo cierto es que, pese al ruido mediático, Hacienda no se ha quedado con el importe líquido de ningún mes del IVA de 2017 cuyo 50% se cede a las comunidades autónomas –excepto Canarias, Ceuta y Melilla en las que el IVA no se exige– ni con la parte que se cede a las Entidades locales.
El Gobierno de Mariano Rajoy decidió modificar la gestión del IVA creando el Sistema inmediato de información del IVA (SII) a partir de julio de 2017, por el que determinados contribuyentes estarían obligados a presentar un registro de sus facturas emitidas y recibidas en la sede electrónica de la AEAT en un plazo de 4 días desde que se emitan o reciban. En compensación, se permitió a las empresas que postergaran el fin de plazo de sus declaraciones desde el día 20 del mes siguiente al día 30.
En la práctica de nuestro país, las declaraciones del IVA del mes de noviembre de 2017 a devolver se presentaron cerca del 1 de diciembre –para cobrar cuanto antes–, mientras que las declaraciones a pagar se presentaron en el banco hacia el día 30 de diciembre –para pagar lo más tarde posible–. Como los bancos ingresan los tributos recibidos de sus clientes desde el día 20 de cada mes en la cuenta del Tesoro hasta el 18 de enero de 2018, la realidad fue que en 2017 la recaudación líquida del IVA se redujo en 4.150 millones debido al efecto del SII.Por tanto, el retraso del conocido mes del IVA de 2017 afectó al Estado, a las CCAA y a las entidades locales en ese año 2017, pero se ingresó en 2018.
Vistos los números, el IVA de noviembre de 2017 está incluido en la recaudación de 2018, que ya ha sido entregado a cuenta y en la liquidación definitiva del IVA de 2018 que las autonomías y municipios cobrarán este año, conforme marca la ley que regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común y la Ley de las Haciendas Locales.
De esta forma, difícilmente los recursos contenciosos anunciados prosperarán con éxito en los tribunales de justicia al haberse cumplido estrictamente con la ley de financiación que establece que se cede el 50% de la recaudación líquida total del IVA a las CCAA y se cede el 2,3266% de la recaudación del Estado a las capitales de provincia o de comunidad autónoma y municipios con una población de más de 75.000 habitantes, así como se incluye en la participación en los ingresos tributarios del Estado del resto de los municipios.
Otra cuestión diferente es si el Gobierno, en uso de su potestad reglamentaria, decide si modifica nuevamente el IVA para reunificar el fin de plazo de las declaraciones de los contribuyentes obligados al SII a los primeros 20 días del mes siguiente. En caso de aprobarse, la recaudación líquida del año 2020 contaría con 13 meses de IVA (noviembre y diciembre de 2017 más los meses de enero a noviembre de 2018). Es el efecto de las medidas conocidas como ONE-OFF que tienen su efecto únicamente en el año en que se aprueban (en este caso, en 2017) o en el que se revierten (en este caso, hipotéticamente en 2020).
Esta posibilidad de reversión puede negociarse con las comunidades autónomas y entidades locales para incluir sus importes en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2020, como alternativa más rápida y eficaz que acudir a los tribunales.
Y es que la reciente reunión del CPFF ha servido para comunicar la senda de estabilidad a las CCAA y para acelerar la preparación del proyecto de los PGE de 2020, y su posterior negociación pues ese cambio normativo podría acometerse una vez que las nuevas cuentas públicas vean la luz verde.
Más allá de la controversia política, lo que deja poco margen para las dudas es que la fórmula compensatoria del IVA 2017 ideada por el Ministerio de Hacienda satisface por completo a aquellas comunidades, municipios y provincias que se encuentran en una situación de déficit, sin acabar completamente con el malestar en los territorios en equilibrio presupuestario o con superávit.
José María Mollinedo es Secretario General de Gestha
