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Una opinión transversal sobre los impuestos
Según el último estudio sobre opinión pública y política fiscal publicado por el CIS, el 57,5% de los ciudadanos piensa que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos y el 13,8% que son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad; frente a un 26,3% que, por el contrario, piensa que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué.
También se deduce de dicho estudio que el 47,2% de los españoles se inclina, en mayor o menor medida, por mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos; frente al 17,3% que tendería hacia la bajada de la carga fiscal, incluso si se tradujera en una merma de los servicios públicos.
"Hacer efectivos los principios que debe respetar un sistema justo, en los términos del artículo 31 de nuestra Constitución, es responsabilidad de toda la clase política"
Estos datos reflejan una opinión mayoritaria de los ciudadanos sobre la necesidad de los impuestos para el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar, que es el modelo que la Constitución de 1978 contempla en su artículo 1, al señalar que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. En este sentido, y recordando a los encuestados que las distintas administraciones públicas destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios y prestaciones públicas, el CIS pregunta también si cree que se dedican demasiados, los necesarios o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le enumera. Y la respuesta respecto de los relativos a Enseñanza, Sanidad, Prestación por desempleo, Pensiones y Dependencia -que podemos decir constituyen los pilares fundamentales de nuestro Estado del bienestar-, es mayoritariamente que se dedican muy pocos recursos.
Asimismo, del estudio del CIS se desprende que el 83% de los ciudadanos opinan que los impuestos no se cobran con justicia y que no pagan más quienes más tienen; y el 62% que los impuestos se deberían recaudar sobre todo con impuestos directos, tipo IRPF (según la renta o riqueza de las personas y empresas). Con estos porcentajes contrastan el 10,4% que piensa que los impuestos se cobran con justicia y el 18% que entiende que deberían recaudarse sobre todo con impuestos indirectos tipo IVA, que afectan a todos por igual.
Pero el CIS, además, nos da información desagregada de las citadas cuestiones, en función del partido al que votaron los ciudadanos en las últimas elecciones generales. Y el resultado nos arroja unos porcentajes que, con mayor o menor intensidad, reflejan la misma opinión mayoritaria antes citada en relación con todas y cada una de las preguntas a que hemos hecho referencia, con independencia de cuál sea la orientación político/partidista de los ciudadanos.
Nos encontramos, pues, ante una opinión que, sin duda, podemos calificar de transversal, compartida por la inmensa mayoría de los españoles, en torno a la necesidad de contar con un sistema fiscal justo, en el que se hagan efectivos los principios constitucionales de generalidad, igualdad y progresividad. Consenso que, de igual modo, se da en relación con el principio de suficiencia, por el que deberíamos recaudar lo suficiente para mantener e incluso mejorar nuestro Estado de bienestar, para lo que los ciudadanos se inclinan por pagar más impuestos si es necesario para tal fin, antes que admitir una merma de servicios públicos, aunque les suponga una bajada de impuestos.
Estas preferencias de los ciudadanos votantes de cualquier partido chocan con determinadas propuestas que presentan los impuestos como algo negativo, no relacionado con los servicios públicos, y que llegan muchas veces a plantear la tan manida frase de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Y estas preferencias mayoritarias de los ciudadanos son las que deben ser tenidas en cuenta, con independencia del color político, por los representantes elegidos por aquéllos a la hora de diseñar y desarrollar nuestro sistema tributario.
Hacer efectivos los principios que debe respetar un sistema justo, en los términos del artículo 31 de nuestra Constitución, es responsabilidad de toda la clase política. Y a tal fin es indispensable la adopción de un amplio acuerdo de Estado para abordar una reforma global de nuestro sistema tributario, con la referencia puesta en la mencionada opinión mayoritaria y transversal de los ciudadanos.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
