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Gestha propone cambiar la tipificación del delito fiscal para luchar contra el fraude
23/10/2020
Pedirán elevar la prescripción tributaria a los 5 años, y en casos agravados hasta los 10 años
Gestha plantea rebajar a 1.000 euros los pagos en efectivo también cuando interviene un particular
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, proponen complementar el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con la modificación del delito fiscal en el Código Penal, después de que hoy se haya publicado el texto en el Boletín del Congreso y de constatar que la economía sumergida crece sin parar desde 1980 a pesar de la mejora de los resultados de la AEAT.
Así, los Técnicos del Ministerio de Hacienda calculan que el fraude fiscal en los últimos años, antes de la pandemia, provoca unas pérdidas en España de unos 91.600 millones de euros anuales, de los cuales 60.600 millones son impuestos evadidos y 31.000 millones son cuotas defraudadas a la Seguridad Social.
Para revertir esta tendencia, pedirán a los grupos parlamentarios que aumente en un año el plazo de la prescripción tributaria hasta los 5 años con carácter general, y excepcionalmente hasta los 10 años cuando existan indicios de presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública para que la Administración tributaria pueda investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía.
También propondrán rebajar el límite de 2.500 euros en los pagos en efectivo de particulares a empresarios hasta los 1.000 euros, el mismo que para pagos entre profesionales y empresarios, para incentivar que se declaren los pagos que los consumidores finales realizan a las PYMES. De esta forma, los técnicos de Hacienda podrían centrarse en la investigación de los fraudes más sofisticados de las multinacionales y grandes fortunas.
Como complemento en esta lucha contra el fraude más abultado, Gestha sugiere que el Gobierno presente una modificación del Código Penal para unificar los umbrales de los delitos contra la Hacienda Pública al de los otros delitos fiscales contra la Seguridad Social o contra los Presupuestos generales de la Unión Europea, situándolos en fraudes superiores a 50.000 euros, o 120.000 euros en los delitos agravados, sustituir por atenuantes las actuales rebajas de grado por el reconocimiento del delito contra la Hacienda Pública -una vez que ya ha sido denunciado o querellado-, y concretar los requisitos para exigir la responsabilidad civil y penal de profesionales de la asesoría fiscal y legal y de las entidades financieras que colaboren en la comisión de estos delitos fiscales.
La economía sumergida en España, un 65% mayor que la media europea
Gestha recuerda que cada año se evaden en España unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, al ser la economía opaca en España un 65% mayor que la media europea, ocupando el puesto 10 en el ranking de economía sumergida de los países de la UE y el 6 de los de la zona euro.
En este contexto, Gestha pide ambición a la AEAT para adoptar las medidas organizativas y operativas que los técnicos de Hacienda reclaman desde hace décadas, entre ellas poder investigar los fraudes de mayor cuantía mediante un cuerpo superior técnico, aumentar la plantilla entre 15.000 y 17.500 efectivos y encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España, desglosados por territorios, sectores económicos e impuestos, con el fin de afinar las estrategias de lucha contra el fraude de todas las Administraciones Públicas y de aumentar la recaudación voluntaria que se evade, incluso ahora durante esta crisis económica y social.
Finalmente, los técnicos de Hacienda indican que un 95% de los ciudadanos piensan que en España existe bastante o mucho fraude fiscal, por lo que instan a incluir en los planes de estudio y formación los principales aspectos de la temática tributaria y presupuestaria para concienciar que estas infracciones y delitos atentan contra los derechos económicos de la sociedad e impiden la vertebración social que se logra a través del gasto público en los servicios sociales fundamentales que constituyen el Estado del Bienestar.
