El ambiente se está enrareciendo por momentos en la Agencia Tributaria. La tensión entre el cuerpo de inspectores y el de técnicos están tomando un cariz de guerra abierta en la que parece que no va a haber prisioneros. Este fin de semana desde Fedeca -la federación que engloba a los Inspectores de Hacienda, Interventores y Auditores del Estado y de Gestión Catastral- se ha comunicado a Hacienda y a la Agencia Tributaria su rotundo rechazo a la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda como el que se contempla en las enmiendas presentadas por varios grupos a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, porque su objetivo es enmascarar una supuesta lucha contra el fraude fiscal como una simple herramienta para lograr una reivindicación salarial, un argumento que se utiliza de manera recurrente por Gestha -uno de los sindicatos de los técnicos de Hacienda-,
Pues bien, el contraataque por parte de Gestha no se ha hecho esperar y han denunciado hoy a través de un comunicado los “incumplimientos de legalidad” detectados por el informe de auditoría de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en torno al pago de las retribuciones del personal funcionario. Según esta investigación de las Cuentas anuales de 2019 de la AEAT, se ha desvelado un “déficit en el presupuesto inicial” para cubrir las retribuciones reales de los últimos ejercicios, las cuales han sido financiadas “irregularmente mediante el 5% de autofinanciación” que recibe la Agencia por los actos de liquidación y de gestión recaudatoria, y cuyo destino son “para gastos de funcionamiento e inversiones”, incluidos en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Sin embargo, estas generaciones de crédito no deberían ir destinadas a “aquellos gastos fijos de personal, ya conocidos y previstos en el momento de elaborarse el proyecto de Presupuestos”.
En este sentido, Gestha denuncia la “enorme desproporción” que existe en su distribución, “percibiendo una mayor cantidad quienes precisamente la reparten”. Dentro de esta batalla, el sindicato ha revelado cada uno de los emolumentos extraordinarios que percibe cada estamento de la AEAT. Así, ha detallado -basándose en la citada auditoría- que siete altos cargos se embolsan unos 53.000 euros anuales cada uno en incentivos, mientras que los inspectores de Hacienda reciben más de 28.000 euros. Los técnicos ingresan 9.500 euros; los agentes tributarios y el personal administrativo cobran un incentivo medio de 5.000 euros anuales; y el personal auxiliar alcanza los 4.000 euros. Los técnicos de Hacienda revelan que la parte mayor del citado déficit se corresponde con los cerca de 230 millones de euros de incentivos y gratificaciones que reparte la AEAT anualmente, lo que representa el 25% del conjunto de sueldos y salarios de la plantilla.
Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “una Administración que se dice moderna no puede repartir casi 230 millones de euros de fondos públicos con discrecionalidad, arbitrariedad, desproporción y opacidad”. En este sentido, Mollinedo ha alertado de que la situación “se ha agravado” desde principios de 2019 cuando se dejaron de facilitar los listados de los destinatarios del reparto de la productividad. “Se trata de un modus operandi impropio de un Gobierno progresista”, ha añadido.
Para enturbiar aún más el ambiente, Gestha ha cargado con fuerza contra la falta de transparencia e información sobre productividad por parte de la Agencia Tributaria, que estima “muy alejada de los conceptos de autocontrol”. Además, recuerda que este mismo año una sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos asignados, los criterios de los repartos de las bolsas de productividad y su desglose por grupos funcionariales.
Hace apenas diez días, los técnicos desvelaban que la investigación de los delitos fiscales se había desplomado un 76% en la última década, mientras que las cuotas defraudadas en los presuntos delitos denunciados cayeron un 85%. Gestha achacaba este desplome a las normas internas de la AEAT, las cuales impiden -según denuncian- terminar a los técnicos de Hacienda las investigaciones de los delitos fiscales que descubren y concentran la resolución de estos casos en unos pocos jefes de equipos.
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