Quienes normalmente permanecen callados ante situaciones en las que se puede sospechar que “Hacienda no somos todos”, ahora alzan la voz para dejar claro que “Hacienda son ellos”. Y lo hacen arremetiendo contra cuatro grupos políticos que, en la tramitación de la Ley de Presupuestos para el 2021, han presentado enmiendas instando a la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, para optimizar los recursos del Ministerio, dando cobertura legal al trabajo desempeñado por los Técnicos y aumentando sus competencias para la lucha contra el gran fraude y la mejora del control del gasto público.
Quienes aseguran que se trataría de ascensos por decreto, olvidan la diferencia entre una Ley, emanada del poder legislativo, y las normas dictadas por el Ejecutivo.
Se ha llegado a decir que, de aprobarse dichas enmiendas, nos encontraríamos ante una situación de inconstitucionalidad, olvidando que reclasificaciones similares se han producido en distintos momentos con respecto a grupos de funcionarios como los Interventores de la Administración local, los cuerpos de seguridad del Estado o el Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro del propio Ministerio de Hacienda, y sin que la élite tecnocrática que ahora pone el grito en el cielo, pusiera cualquier tacha, no ya de inconstitucionalidad, sino de ningún tipo.
También olvidan los que tantas veces callan y ahora chillan, que fue una ley -la que aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público- y no una oposición, la que reclasificó a los Técnicos, junto al resto de los cuerpos del hasta entonces grupo B, en el mismo Grupo A en el que ya estaban los Inspectores e Interventores. Y lo hizo reconociendo nuestra titulación universitaria.
De la misma manera, actualmente no habría ningún inconveniente constitucional para que otra ley reclasifique, ahora ya no cambiando de grupo sino de subgrupo, y de acuerdo con las funciones desempeñadas y la dificultad de las pruebas de acceso, del subgrupo A2 al A1.
Otra de las cuestiones a la que desesperadamente se agarran quienes critican la creación del CSTH es la referida a la imposibilidad de convivencia de dos cuerpos de funcionarios del subgrupo A1, lo cual obvia la actual situación en la que junto a Inspectores e Interventores, conviven en el Ministerio otros grupos de funcionarios con la misma calificación, como son los pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Escala Técnica de gestión de Organismos autónomos, Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social y así hasta más de 20 grupos distintos de funcionarios incardinados en el subgrupo A1. En este mismo sentido, cabe mencionar como en los órganos judiciales conviven los Letrados de la Administración de Justicia con los Fiscales y los Jueces y Magistrados, todos ellos calificados como A1.
Por último, quienes tienen retribuciones sensiblemente superiores a las del Presidente del Gobierno y perciben, sólo por incentivos, 2.300 euros mensuales de media, ahora dicen que esta medida supondría disparar el gasto público, cuando el incremento por dicha reclasificación tendría efecto directo exclusivamente en el sueldo, y no en las retribuciones complementarias, por un importe de 137,27 euros. Juzguen ustedes mismos.
Esta semana la Comisión de Presupuestos del Congreso debate sobre las enmiendas presentadas y, apelando a la necesidad de un gran pacto de Estado frente al fraude y por la mejora del control del gasto, entendemos necesaria la ampliación de las competencias de los Técnicos, de forma que desoyendo argumentos basados exclusivamente en el corporativismo de quienes creen estar amenazado su actual estatus, el reconocimiento profesional de los 9.550 técnicos del Ministerio de Hacienda sea una realidad, tras décadas de incumplimientos de lo dispuesto en la DA 28ª de la Ley 50/1998, artículo 49 de la Ley 24/2001 y DA 4ª de la Ley 36/2006; disposiciones legales que fueron aprobadas como supuestos de “pasos intermedios” para la creación del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)