Inteligencia Artificial para detectar con antelación acciones fraudulentas o irregularidades tributarias que cometa o pueda cometer un contribuyente y enviarles una notificación de advertencia para que subsane el error antes de que vuelva suceder. Parece ciencia ficción, pero es una realidad que ya ha empezado a materializarse en la Agencia Tributaria (AEAT) y que culminará durante el proceso de digitalización que ya se ha iniciado y que se acelerará con la llegada de los fondos europeos de recuperación.
En la actualidad, estos bots se limitan a procesar información y al cruce de datos en busca de posibles inconsistencias en las declaraciones de empresas, particulares y autónomos, pero en un futuro cercano estarán en disposición de predecir errores –intencionados o no– en las declaraciones de impuestos, detectarlos en una serie anual y enviar a esos contribuyentes una carta para avisarles de las irregularidades continuadas para que las subsanen en el menor tiempo posible antes de abrir un expediente sancionador.
Hacienda no tiene intención de que estos bots tengan la potestad de abrir investigaciones ni capacidad sancionadora. Simplemente utilizarán los datos para informar de ello, tanto al propio contribuyente como a los inspectores y técnicos tributarios. «En ningún caso podrán abrir ninguna investigación ni tener una capacidad sancionadora sin tener antes el visto bueno del personal de la Agencia. Este recurso de Big Data facilita mucho el proceso de información y ayuda a detectar errores, pero nunca podrá reemplazar el factor humano. No hay tecnología que pueda sustituir una investigación seria, que debe analizar no solo datos objetivos, sino una serie de parámetros de intangibles que hay que tener en cuenta con los contribuyentes», explicó a LA RAZÓN José María Mollinedo, secretario general del sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Gracias al Big Data, la AEAT va a iniciar una campaña de envío de cartas a microempresas y autónomos –generalmente comercios– tras detectar que muchos de ellos únicamente declaran los ingresos que coinciden con el cobro por banco o con tarjeta, sin consignar ningún pago en metálico. El Ejecutivo quiere regular la generalización de este tipo de tecnología y para ello está elaborando un decreto ley que le dé soporte jurídico.
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