El traslado a Andorra de varios célebres y acaudalados youtubers, a la búsqueda de menores impuestos y, en algunos casos, entre denuncias de persecución fiscal y malgasto de los recursos públicos, ha abierto un debate sobre el grado de presión tributaria aplicada en España que ayer llegó al Congreso de los Diputados. Varios grupos políticos plantearon el asunto al director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, en la que el responsable del fisco sostuvo que aplicar el régimen impositivo de un “microestado” como el del Principado “es imposible en ninguno de los países de la Unión Europea”.
“Estamos hablando de un microestado de 80.000 habitantes con un Presupuesto de gastos que es inferior al de la Agencia Tributaria” española, ilustró, lo que le permite “plantearse la subsistencia con impuestos que en el IRPF llegan a un máximo del 10% [desde los 40.000 euros, del 5% por debajo], y que en IVA o Sociedades son iguales o inferiores”. “Esto no es posible aplicarlo en ningún país de la UE, en ninguno de los 27. No nos estamos comparando con Portugal, Irlanda, Francia, Dinamarca, Hungría o Rumanía, nos estamos comparando con un microestado”, agregó, aseverando que “jamás una formación política española que pretenda cubrir unos mínimos gastos, como los de la Seguridad Social, podría proponer un régimen fiscal como el andorrano”. “El debate de impuestos altos o bajos es imprescindible, pero estamos hablando de otra cosa”, zanjó.
Las cifras le respaldan. Los datos de presión fiscal correspondientes a 2020, los últimos comparables disponibles, revelan que el tipo máximo del IRPF aplicable en España se encuentra en la parte media del listado (puesto 15, ver tabla adjunta). El marginal llega al 43,5% en Madrid, con algunos de los tipos regionales más bajos, y llega al 48% en Cataluña y los territorios con mayores tipos, pero en ambos casos quedan lejos del 55,9% de Dinamarca, el 54% de Grecia, el 53,1% de Bélgica, el 53% de Portugal, el 52,3% de Suecia, o el 51,5% de Francia, según la información recopilada por Gestha, la asociación des técnicos del Ministerio de Hacienda.
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