Ricardo Rubio - Europa Press (Europa Press)
En el anexo del Plan de Recuperación y Transformación remitido a Bruselas, el Gobierno se ha comprometido “a la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta”, señalando que “hay consenso en que esta medida desincentiva la entrada de la mujer en el mercado laboral”. Sin embargo, pese a que figura en el documento remitido a la Comisión Europea, este domingo, Moncloa ha restado importancia a este compromiso. En una nota dirigida a los medios de comunicación ha señalado que “el Gobierno no se está planteando la supresión de la reducción fiscal”. Frente a estas dos versiones, este lunes, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha negado que el Ejecutivo estuviera rectificando su posición y ha defendido que “lo que ha hecho ha sido marcar las grandes líneas” y que “en el paquete de consolidación fiscal, se están todavía definiendo y explorando cómo construir las líneas de consolidación de ingresos”.
La medida perjudica, fundamentalmente, a clases medias y bajas. En concreto, el 17,3% de los hogares de España que tendrían que tributar una parte de esos 3.400 euros que Hacienda dejaría de considerar exentos. Afecta, sobre todo, a los que ganan entre 12.000 y 21.000 euros: más de un millón de declarantes en total.
De hecho, los grandes perjudicados serán las parejas que ganen hasta 60.000 euros: el 75% de los afectados serán aquellos con rentas del trabajo inferiores a 30.000 euros, y el 95%, quienes ingresen menos de 60.000 euros anuales.
Según los cálculos de Gestha para la SER, esta subida oscila entre 646 y 1.530 euros al año, según los cálculos de GESTHA para la SER: para rentas de hasta 20.000 euros esto puede suponer que, en lugar de estar exentos de presentar la declaración, tengan que pagar 816 euros más en impuestos. Para el grueso de afectados –quienes tienen rentas hasta los 35.200 euros–– esa subida de impuestos es de 1.020 euros; y para aquellos que ingresan más de 60.000 euros, la subida supone 1.530 euros más al año.
Quienes apoyan esta supresión señalan que se trata de una figura antigua, que favorece a matrimonios frente a hogares monoparentales y que desincentiva la participación de la mujer en el mercado laboral. Jesús Rodríguez Márquez, ex director del Instituto de Estudios Fiscales y profesor de Derecho Tributario explica en Hora 25 de los Negocios que "si se suprimiera inmediatamente y sin un régimen transitorio, supone una subida de impuestos de unos 2.000 millones de euros aplicados sobre las familias". Sin embargo, Rodríguez Márquez considera que esta no parece la intención del Gobierno, porque, señala, "en el informe de evaluación de la Airef de lo que se habla es de una paulatina desaparición del régimen de tributación conjunta con un régimen transitorio. Esto puede significar muchas cosas: si significa que todo el mundo al que se le aplica hoy en día puede seguir aplicándosela, y solamente se la suprimimos a los que se incorporan ex no al mercado laboral, prácticamente no tendría impacto hasta dentro de 30 años. Así sí sería asumible".
"Ahí se dice también que se compensaría con nuevos incentivos para la participación de la mujer en el mercado laboral y, si se combinaran ambas medidas, un diferimiento muy largo con nuevos incentivos para la incorporación de la mujer al trabajo, yo no le veo ningún inconveniente, creo que es deseable" concluye el experto.