elEconomista.es 17/05/2021 - 13:31
Lo que ya se vislumbraba por algunas de las actuaciones de la Agencia Tributaria va camino de acrecentarse: el Gobierno intensificará la vigilancia sobre los autónomos (y otros sectores) que usan mucho dinero en efectivo en su actividad y que da pie a mayores dificultades para verificar comportamientos fraudulentos.
En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea aparece claramente registrado en su Componente 27 de 'Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal' el objetivo de limitar los pagos en efectivo "facilitando la trazabilidad de las operaciones y dificultando comportamientos defraudatorios".
En este plan detallado a Bruselas, el Ejecutivo destaca que ya aprobó un anteproyecto de ley que se propuso como meta "reducir la conflictividad en la imposición de dichas sanciones". El texto habla del boceto aprobado por el Consejo de Ministros para reducir el límite en el pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros en empresarios y profesionales, pero que sigue atascado en fase parlamentaria, ya que tras realizarse más de 250 enmiendas aún no se ha puesto en marcha la comisión que tendrá que estudiarlas.
Este anteproyecto de ley se basaba en la necesidad de actuar en la regulación de un método de pago que "facilita notablemente los comportamientos defraudatorios" y tiene como base previa lo establecido en el Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2021 de la Agencia Tributaria.
En dicho plan, conforme a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se vincula al pago en efectivo con la "economía sumergida" y se explica que una de las líneas generales de actuación para 2021 es la presencia "en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas".
Así, y bajo el pretexto de "evitar que se produzca una falta de repercusión efectiva en la última fase de la cadena del IVA en aquellos sectores con una gran cantidad de consumidores finales", las actuaciones irán encaminadas a determinados grupos.
De acuerdo con el portal especializado Autónomos y Emprendedores, que cita fuentes del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la restauración, la hostelería, la construcción, el comercio, la recogida de fruta, las reformas o las actividades inmobiliarias estarían siendo miradas con lupa.