El G-20 debate el mínimo global en Sociedades tras los acuerdos en la OCDE y el G-7

Otros como España, según explicó la propia Calviño el viernes, parecen decantarse por ahora por fijar el mínimo pactado en la OCDE e ir trabajando a partir de él. “Yo creo que, de momento, vamos a centrarnos en conseguir el acuerdo con este tipo mínimo, que es una buena base para trabajar después la negociación en Europa”, afirmó. No obstante, pese a estas pequeñas diferencias, todas las capitales coincidieron en señalar el paso que se está dando en el seno de la OCDE para impulsar esta tasa. En el encuentro, sin ir más lejos, está presente también la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, una de las impulsoras de este mínimo global tras los años de desacuerdos y choques que definieron en esta materia a la Administración Trump.

En la agenda, además de Sociedades, también está previsto que los países aborden temas como el de la fiscalidad verde, con aspectos como la posibilidad de imponer un precio mínimo a nivel internacional para las emisiones de carbono.

El pasado 1 de julio, 130 países de la OCDE acordaron impulsar esta tasa mínima, con el voto en contra de Irlanda y otras ocho regiones. El debate, detalló el club de los países ricos, prosperó en sus dos pilares: el derecho de cada país a gravar parte de los beneficios conseguidos por compañías sin presencia física en su territorio –el conocido como pilar 1– y el establecimiento de una base imponible mínima y efectiva para las grandes multinacionales, el pilar 2.

Este diseño, explicó el organismo, proporcionará “un apoyo muy necesario a los gobiernos que necesiten recaudar los ingresos necesarios para reparar sus presupuestos y sus balances a la vez que invierten en servicios públicos esenciales”.

El primer pilar incluye a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%, excluyendo las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados. El nuevo marco asignará los ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos por estas grandes empresas. Posteriormente, los beneficios en exceso de ese 10% se asignarán a las jurisdicciones usando el reparto de ingresos con el objetivo de estar sujetos a impuestos.

El segundo pilar abarcará a las empresas que facturen 750 millones de euros o más a nivel global, haciendo que el tipo mínimo impositivo sea del 15% en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo.

Bajo el pilar 1, explicó la OCDE, se espera que los derechos impositivos sobre más de 100.000 millones de dólares (unos 84.000 millones de euros) de ganancias se reasignen a las diferentes jurisdicciones cada ejercicio. A su vez, se estima que esta tasa mínima del 15% genere alrededor de 150.000 millones de dólares (126.500 millones de euros) en ingresos tributarios globales adicionales cada año. “También se obtendrán beneficios adicionales gracias a la estabilización del sistema tributario internacional y a la mayor certeza tributaria para los contribuyentes y las administraciones”, dijo la OCDE.

Gestha pide un tipo mínimo del 21%

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) defendió el viernes la implantación de un tipo mínimo de al menos el 21% en el impuesto sobre sociedades a las multinacionales, ya que ello permitiría recaudar a España 5.400 millones de euros más al año. Con motivo de la reunión que mantienen en Venecia los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G-20 para conseguir que las multinacionales paguen impuestos en aquellos países donde operan, Gestha cree que se deberían cambiar las reglas de la distribución del beneficio para ayudar a los países pobres y de ingresos medios a recuperarse cuanto antes de la crisis.

Los técnicos recuerdan que con el impuesto mínimo del 15% que se está consensuando, España sólo recaudaría 700 millones de euros, tal y como reflejan las últimas estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. Por ello y para acelerar la recuperación, Gestha pide a los ministros de Hacienda europeos que impulsen un acuerdo sobre la fiscalidad global de las multinacionales “más ambicioso” para adecuarla al actual entorno social, económico y empresarial, y hacer este impuesto más equitativo y justo.